El PAN Propone una Reforma Integral al Sistema Jurídico en Aguascalientes.

El diputado José Luis Novales mostró su preocupación ante el insuficiente presupuesto que se otorga al poder judicial, y solicitó al jefe de gabinete Javier Aguilera su intercesión para mejorar las condiciones de trabajo de jueces y empleados.

“Entendemos que no existen recursos suficientes para ninguna área, sin embargo, vienen reformas que deben ser atendidas y para los cuales es poco el presupuesto que se destina” comentó

El Partido Acción Nacional puede ser gestor ante la federación para tener resultados mas positivos en éste rubro y favorecer la mejor aplicación de las leyes

Novales Arellano propuso al Jefe de Gabinete una actividad coordinada para mejorar todas las leyes en la entidad, dando certeza y seguridad jurídica a los aguascalentenses, pero además, la legislación necesaria para que el poder judicial tenga celeridad en sus actividad

José Luis Novales llamó a terminar con las figuras de despacho existentes en la administración estatal y darles el poder suficiente para ejercer sus funciones.

“La licenciada María de los Angeles Aguilera es una persona con gran experiencia y capacidad, sin embargo su estatus no es del todo regular y sería benéfico para la legalidad del estado que se otorgue un nombramiento definitivo” comentó

En sus intervenciones, el panista expuso que se le quitó protagonismo a la Secretaría General de Gobierno, por lo que es importante fortalecer las relaciones institucionales entre esa dependencia, la jefatura de gobierno y la cámara de diputados para evitar posibles confusiones en sus actividades

Novales Arellano propuso al Jefe de Gabinete una actividad coordinada para mejorar todas las leyes en la entidad, dando certeza y seguridad jurídica a los aguascalentenses, pero además, la legislación necesaria para que el poder judicial tenga celeridad en sus actividad

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Que PGR Investigue el Sospechoso Traslado de 25 Millones en Efectivo del Gobierno de Veracruz: Senador Camarillo.

Los senadores panistas Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo Ortega solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Procuraduría General de la República (PGR) envíen al Senado de la República un informe detallado sobre la investigación por la incautación de 25 millones de pesos en efectivo, decomisados a dos funcionarios del gobierno de Veracruz.

A través de un punto de acuerdo que se aprobó hoy por unanimidad en el Pleno de la Cámara Alta, los legisladores solicitan que se indique la licitud de la procedencia, manejo y destino del dinero incautado; se señalen, en su caso, las condiciones y términos de la devolución de los recursos al gobierno de Veracruz, y se detalle la constitución, actividades y servicios de la empresa proveedora a la que debía pagarse los 25 millones de pesos decomisados.

En la sesión de hoy, los legisladores panistas  también exhortaron al Instituto Federal Electoral  (IFE), para que mediante sus órganos de fiscalización redoblen los esfuerzos para supervisar, monitorear y auditar todos los recursos que ingresen y se eroguen en las campañas electorales de este año.

Además, pidieron al Congreso de Veracruz y a las unidades públicas de auditoría y fiscalización de la entidad iniciar procesos de investigación, a fin de determinar si los pagos que realiza el gobierno de esa entidad a sus proveedores se apegan a la normatividad y procedimientos administrativos vigentes.

El senador Rubén Camarillo señaló que  resulta inaceptable que a estas alturas de la modernidad, el gobernador de Veracruz le quiera tomar el pelo a los mexicanos y particularmente a los veracruzanos, al señalar que “por agilidad, que por eficiencia en su gobierno dio las instrucciones para que un par de funcionarios de su administración transportaran 25 millones de pesos”.

Añadió que este hecho no es “normal”, ya que existen leyes y reglamentos que limitan los pagos en efectivo para todo tipo de bienes y servicios, como es el caso del cobro de 3 por ciento del  Impuestos a Depósitos en Efectivo, ello con el fin de evitar el lavado de dinero; además de que ningún proveedor de un gobierno “nunca cobra su trabajo antes de realizarlo”.

Los senadores recordaron que el pasado 27 de enero la PGR detuvo en el Aeropuerto Internacional de Toluca a dos colaborares del gobierno de Veracruz, quienes transportaron en un avión oficial dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo sin que pudieran acreditar el origen y destino de los mismos; sin embargo, la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa ha presionado a la Procuraduría para que devuelva el dinero argumentando que sería usado para “el pago de diversos servicios de la Feria de la Candelaria, El Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín”.

Por su parte; el senador Juan Bueno Torio indicó que es preocupante que se manejen en efectivo tal cantidad de recursos públicos, y mucho más la argumentación que dio el gobierno veracruzano sobre el uso y destino que tendría el dinero, que era para el pago de un proveedor, pues actualmente existen mecanismos más seguros y rápidos para realizar transacciones financieras.

“Cuando se hacen depósitos en efectivo, se cobra el Impuesto de Depósitos en Efectivo que es de 3 por ciento, y en esta operación a la persona o empresa que fuera a depositar el dinero le costaría 750 mil pesos el pago de dicho gravamen, por lo que quién en su sano juicio podría aceptar una operación de esa magnitud”, aseveró.

Bueno Torio dijo que este tipo de operaciones lleva a pensar a que el gobierno de un estado está destinando recursos públicos para un fin distinto al desarrollo de la entidad. “Todos sabemos que no es un delito trasportar dinero en efectivo, sin embargo la suspicacia nace cuando esos recursos se mueven de un gobierno estatal hacia una empresa en un viernes en la noche, cuando hay medios electrónicos para realizar transacciones financieras, por lo que lo preocupante es saber cuál era el destino de ese dinero”.

El punto de acuerdo, que se presentó de urgente y obvia resolución, fue suscrito también por los senadores Arturo Hervitz, del PRD; así como por Ricardo Fidel Pacheco y Alejandro Moreno, del PRI.

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Jesús María debe Cumplir sus Compromisos Contractuales: ARV.

La Administración de Jesús María debe cumplir los compromisos contractuales y pagos a empresas que ejecutaron obras y servicios durante el anterior trienio exigió el diputado del PAN Alfredo Reyes Velázquez

“Tenemos una gran cantidad de expedientes que no han sido cubiertos y se tiene en el borde de la quiebra a los empresarios y constructores que cumplieron y entregaron a tiempo sus servicios” sentenció

El problema es que se trata de una venganza entre priístas que está afectando a los empresarios y sus trabajadores, los cuales podrían quedarse sin empleo en caso de que el asunto no sea resuelto en un breve lapso de tiempo

El panista exigió que los asuntos de revanchismo político no afecten a la ciudadanía y sí bien existe una demanda ante tribunales por irregularidades cometidas por el PRI, esto no debe ser pretexto para incumplir con los contratos signados por Gregorio Humberto Zamarripa cuando fue alcalde.

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Importante Consolidar la Participación Ciudadana en Órganos Policíacos: JAGS.

El legislador José Angel González Serna pidió se incremente la participación ciudadana en la toma de decisiones de la policía estatal para aumentar el nivel de confianza de la sociedad

“A nombre de la sociedad y los empresarios que represento quiero reconocer el esfuerzo por involucrar a las corporaciones con los aguascalentenses, elevar el nivel de confianza mutuo y trabajar de la mano para abatir los índices de delincuencia en el Estado” refrendó el panista

“El PROASPE subsidio de apoyo a Seguridad Pública cuanto se prevé tener  y cuanto se gastará, sobre todo porque se tiene conocimiento de la participación ciudadana” indicó

El legislador panista avaló el nivel de certificación de los policías en el estado, aún mas si se tiene un 85% de ellos debidamente certificados, tanto policías como custodios

Hasta 2010 El sistema de Seguridad Pública en Aguascalientes la certificación de los centros de evaluación y control de confianza tenían avances entre el 16 y el 32%,  en ese 31 de diciembre del 2010 de una meta establecida de 3579 elementos iban 586

González Serna reconoció el esfuerzo por tener el 80% debidamente certificados en el presente año, el 90% para el mes de julio y que en octubre se cumpla la meta del 100%, lo que habla del esfuerzo por consolidar una buena policía en la entidad

Importante es conocer que en dos años se podrá certificar el 100% de los elementos

¿Cual es la evaluación que se tiene de la policía en el último año, estamos conscientes también que no es lo mismo el haber pasado una prueba o examen, por ello el interés en conocer todo el trabajo realizado durante los últimos 12 meses? Cuestionó

Las evaluaciones tienen vigencia de dos años, ante lo cual es importante superar el nivel de confianza de la policía de Aguascalientes

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Comparece Jefe de Gabinete Ante el Congreso del Estado.

• El licenciado Antonio Javier Aguilera García afirmó que en un año se ha construido una estrecha relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo por el bienestar de Aguascalientes.

• Envía el gobernador Carlos Lozano de la Torre una iniciativa para mejorar las figuras de arraigo, conciliación y aprehensión y con ello incrementar la eficiencia en la impartición de Justicia.

Este jueves 2 de febrero, se realizó en el Congreso del Estado la tercera sesión de comparecencias para la Glosa del Primer Informe de Gobierno del Ing. Carlos Lozano de la Torre. El primer turno de subir a la tribuna fue para el titular de la Jefatura de Gabinete, Lic. Antonio Javier Aguilera García.

En primera instancia, hizo uso de la voz el diputado Gregorio Zamarripa Delgado, quien le cuestionó al funcionario público en relación a la figura de Jefe de Gabinete, como cuáles habían sido son las principales contribuciones para la consecución de las metas de Gobierno. Asimismo, le preguntó cuáles son los principales programas de la dependencia a su cargo y de qué manera había llevado la relación con las fuerza políticas, niveles de gobierno y actores sociales.

A lo anterior respondió el licenciado Aguilera que una de las metas principales fue preservar el estado de derecho, cubierto con una gobernabilidad adecuada. Consideró que la figura de jefe de Gabinete ha cumplido con la función de modernizar la operación administrativa del Gobierno de Aguascalientes, al dar una mayor oportunidad al jefe de Ejecutivo para incidir directamente en temas sensibles para la sociedad.

Resaltó que se han cumplido metas en seguridad pública, desarrollo económico, educación y salud. Mencionó que la Jefatura de Gabinete ha cumplido con facilitar, vigilar y hacer cumplir los planes y metas de la actual administración estatal. Detalló que se ha trabajado de manera sectorizada con todas las dependencias, para evaluar mensualmente el avance de las políticas publicas.

Aclaró que su papel no ha sido de intervención en la autonomía de los municipios, así como en los programas y desarrollo de sus proyectos. Javier Aguilera aseguró que por el contrario, ha sido un colaborador.

Heriberto Gallegos Serna, diputado aliancista, declaró que una de las responsabilidades del jefe de Gabinete es representar al Ejecutivo ante el Legislativo. Expresó que la percepción de su Grupo Parlamentario es que ha habido una relación positiva, pero que ha habido cierto grado de tensión en temas como el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de 2012. Además, inquirió acerca de las necesidades para mejorar la relación institucional.

Hemos tenido una relación positiva –reflexionó el jefe de Gabinete-, “proyectos de ley presentados ante la Legislatura han logrado una respuesta favorable, se han atendido nuestras observaciones. El dialogo, el intercambio de ideas, han caminado con resultados positivos”.

Por su parte, José Luis Novales Arellano opinó que la figura que encabeza Javier Aguilera García es muy positiva, acotando que este año se le destinó a su despacho la cantidad de 13 millones de pesos. Preguntó si no se dejaba en un plano inferior a la Secretaría de Gobierno y si no era irregular la permanencia de Ma. de los Ángeles Aguilera como encargada de despacho en esta dependencia, por la relación familiar existente.

El legislador panista también pidió el punto de vista con respecto al presupuesto destinado al Poder Judicial.

En respuesta, el servidor público refirió que si bien ya se han dado los primeros pasos en Aguascalientes para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la Federación no ha enviado los recursos suficientes para su puesta en marcha.

No obstante, adelantó que seguirá con la labor de modernización del sistema judicial, con iniciativas de reformas a distintos ordenamientos que se presentarán ante el Poder Legislativo próximamente, especialmente en cuanto a la estructura orgánica de la Procuraduría, el Poder Judicial y otras propuestas.

Aguilera García se opuso a la postura de que la Secretaría de Gobierno tenga ahora una actuación gris o secundaria, pues detalló que la intención fue evitar la concentración de facultades y dar mayor eficiencia a las tareas gubernamentales.

En relación a la permanencia de su hija en la dependencia en comento, dijo que no aprecia irregularidad alguna, pues no es una atribución que a él le corresponda sino al gobernador, por lo que a él no le toca decidir ni informar sobre el asunto.

José Luis Ramírez, representante popular por el Partido Verde, indicó que en la sesión era la primera ocasión en que podían analizar las funciones de la Jefatura de Gabinete, a un año de distancia de aprobación de la figura.

Empero, distinguió a su ver, un trato diferente para cada grupo parlamentario. En el mismo tenor, lanzó al aire el cuestionamiento sobre cómo informar a la sociedad de los beneficios de la dependencia a cargo del licenciado Javier Aguilera, ya que en su sentir, poco se sabe de los alcances de dicha oficina.

El jefe de Gabinete contestó que la comunicación con todos los diputados ha sido buena, pero que en efecto, podría ser más frecuente. Por ello, ofreció una política de puertas abiertas para los legisladores.

En relación a la visión social de la dependencia, refirió que la jefatura y la propia Secretaría de Gobierno tienen labores sensibles, pero no necesariamente materiales. Ejemplificó que una de ellas es el seguimiento al Plan Sexenal, proceso administrativo que no siempre se conoce de manera directa.

“La Jefatura de Gabinete no vino a suplir nada sino a complementar el trabajo del Ejecutivo. La separación de funciones ha sido útil” insistió el licenciado Javier Aguilera.

En su derecho de réplica, Ramírez manifestó que espera que exista una libre capacidad de actuación de los titulares de las diferentes áreas, no subordinadas a la Jefatura de Gobierno, pues “para la fracción del Verde es importante que los funcionarios puedan actuar con base en sus capacidades y facultades”.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Gilberto Carlos Ornelas aseguró que contrario a la política de “puertas abiertas”, ha sido testigo de cómo ante la primera manifestación, se cierran los accesos a Palacio de Gobierno.

Igualmente, recalcó que desde hace más de un año se sabe que se recibió en mala situación financiera el Gobierno, con desviaciones presupuestales e incluso delitos y pidió una explicación de por qué no se ha procedido a exigir el castigo a los responsables.

Calificó además de inadecuada la campaña publicitaria realizada con motivo de la llegada de la planta Nissan al estado, donde se indica que Aguascalientes es “100% territorio Nissan”, similar por cierto a la campaña de un partido político.

Por último, exigió saber las razones de que la Jefatura de Gabinete no aparezca en el apartado de Transparencia en la página de internet de Gobierno del Estado.

En ese orden de ideas, Antonio Javier Aguilera sostuvo que la Jefatura de Gabinete no aleja al Ejecutivo de la ciudadanía ni de las fuerzas políticas que no hay filtros y que no impide manifestaciones, pero, remarcó “debemos ser cuidadosos de que se cumpla con la ley, aunque hemos sido tolerantes”.

En el tema financiero, reconoció que se llegó al inicio del sexenio con la deuda más grande que jamás se había tenido en la historia de Aguascalientes, aunque también dio a conocer que se tiene a la entidad como la que mejor ha renegociado sus pasivos.

Aguilera fue tajante al adelantar que sí hay denuncias presentadas y que ya hay avances en las investigaciones respectivas, por lo que se tomaran las medidas pertinentes.

Con relación a la frase de “Aguascalientes, 100% territorio Nissan”, calificó a la expresión como un simple eslogan publicitario, lo cual no significa una dependencia de la empresa nipona, pero sí beneplácito.

Y sobre el tema de transparencia, enfatizó que no hay nada qué ocultar y que ordenará de inmediato a que se difunda la información pública de oficio, como lo indican los ordenamientos en la materia.

A continuación, el legislador Miguel Ángel Juárez Frías, contextualizó la necesidad de poner en marcha innovaciones técnicas en temas como el presupuesto y la planeación de programas y proyectos, por lo cual cuestionó sobre las acciones de evaluación que se han instrumentado para promover la eficiencia y eficacia en el actuar gubernamental.

Para ello, el licenciado Javier Aguilera aludió al modelo de sectorización de la administración pública, donde mes con mes se realizan reuniones de seguimiento al Plan Sexenal de Gobierno. Reconoció que el instrumento es perfectible y que ya se trabaja en poner en marcha un proyecto de evaluación permanente de todas las entidades públicas mediante un sistema informático.

En una nueva intervención, el líder del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Heriberto Gallegos, quiso conocer de la contribución del compareciente para una administración estatal más cercana a la gente, luego de las reformas a la estructura orgánica de Gobierno del Estado.

Aguilera García consideró que se ha contribuido con “retomar un marco jurídico adecuado”. Reiteró el hecho de que el jefe del Ejecutivo enviará en fecha próxima un paquete de iniciativas para tal fin. Dijo que desea la aportación de los legisladores para enriquecer el proyecto. Aclaró que su papel no es de supervisión sino de cooperación.

La última ronda corrió a cargo del legislador Arturo González Estrada, quien en primer término expuso que existe la percepción de que la Jefatura de gabinete ocupa un lugar preponderante en el Estado, por lo que apreció que tal vez sea necesario hacer ajustes para subordinarle la Secretaría de Gobierno.

El panista pidió también se despejara la duda sobre la capacidad de intermediación de la dependencia, especialmente con los ayuntamientos que han presentado conflictos políticos en sus respectivos cabildos o con fuertes señalamientos a las anteriores gestiones municipales, como en los casos de Jesús María, Calvillo y Tepezalá.

Por último preguntó sobre cuál es la verdadera relación con el Gobierno de la República, pues son comunes los comentarios negativos con respecto al actuar de los delegados federales.

El jefe de Gabinete insistió en que la Secretaría General de Gobierno tiene funciones específicas que deben de continuar, como la regulación de la propiedad o el actuar notarial. “Se trataba de no cargar tanto trabajo a las dependencias, pero no de convertir la Jefatura en una súper secretaría, pues es una dependencia de apoyo al Ejecutivo y con facultades de intermediación muy específicas”.

Javier Aguilera García aprovechó también para dar contestación a la réplica del diputado José Luis Ramírez, al dejar sentado que cada dependencia tiene sus facultades asignadas y que los titulares de cada entidad gubernamental son los responsables del ejercicio de las mismas. “No tienen que pasar por mi aprobación” remató.

Sobre el contacto con los Ayuntamientos, el funcionario reveló que ha tenido comunicación con cada uno de los alcaldes, a quienes les ha ofrecido la asesoría que requieran para solventar cualquier problemática, en un marco de respeto a la autonomía municipal, que ha permitido que ellos mismos diriman sus conflictos.

Para concluir, el titular de la Jefatura de Gabinete declaró que han ido mejorando las relaciones con el Ejecutivo Federal, a lo que suman las declaraciones del Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, quien públicamente ha dicho que “está con él”, refiriéndose al presidente Calderón, esto por supuesto, buscando el beneficio de la sociedad aguascalentense.

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Compareció Ante Diputados el Secretario de Seguridad Pública del Estado.

• Coincidieron legisladores  en que los delitos derivados del crimen organizado han disminuido de manera significativa, en contraste con los del fuero común, que van a la alza.

El Pleno de la LXI Legislatura dio paso al formato de preguntas y respuestas, al que se sometió el Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, como parte del calendario de comparecencias correspondiente a la Glosa del Primer Informe de Gobierno.

En primera instancia, el diputado Mario Guevara Palomino cuestionó al funcionario estatal sobre las estrategias que lleva a cabo para garantizar y propiciar un clima de paz social que fomente la inversión en la entidad, además de salvaguardar el patrimonio y seguridad de los ciudadanos; pidió al funcionario  afirmar si los aguascalentenses ahora pueden sentirse más seguros.

El titular de la SSPE sostuvo que hoy en día la entidad es más segura, toda vez que se ha mejorado en el equipamiento y capacitación del los cuerpos policíacos; como ejemplo, mencionó que durante la época navideña pasada “no se registró ningún asalto”, aunado a que la Policía Estatal cuenta con armamento en cantidad y calidad, que antes no se tenía, aseguró.

Acto seguido, el legislador Marco Arturo Reyes Delgado, pidió al también General de División ampliara la información respecto al desfase en el número de vehículos recuperados y robados que da a conocer la dependencia estatal.

Reyes Delgado solicitó abundar sobre el tema de inhibidores de señal de telefonía celular que implementa la SSPE para interceptar llamadas y pormenores al respecto.

El Secretario Estatal de Seguridad Pública, Hidalgo Eddy, explicó que la disparidad de cifras se debe a que se registra un mayor número de vehículos recuperados en relación con los sustraídos, porque en los accesos y puntos de revisión, ubicados en los accesos a la entidad, se detienen a personas que conducen autos robados provenientes de otros estados.

Respecto a la segunda pregunta, el funcionario del estado reveló que  los inhibidores de señal son utilizados en los Centro Penitenciarios con el propósito de inhibir e interceptar llamadas de extorsión, lográndose así un eficaz control de la seguridad interna y externa de los Ceresos.

En su oportunidad, el diputado Alfredo Reyes Velázquez, celebró que los delitos de alto impacto hayan dejado de ser parte de la agenda de las autoridades y expresó su preocupación porque los que tienen que ver con el fuero común van en aumento.

Respecto al convenio de Mando Único, Reyes Velázquez preguntó sobre los avances de esta nueva modalidad, y de por qué la alcaldesa, Lorena Martínez, ha sido la única edil que no se ha ajustado a dicha coordinación policial.

En este sentido, Hidalgo Eddy aseveró que todos los municipios del interior están incluidos en ese esquema de operación, respetando la autonomía de cada Ayuntamiento en sus recursos económicos y protocolos administrativos. No obstante, el titular de la SSPE aseguró que en coordinación con la alcaldía capitalina han intervenido para resolver asuntos en colonias conflictivas del sur de la ciudad.

Al hacer uso de su derecho de réplica, el representante popular Alfredo Reyes insistió en su preocupación porque de los once municipios, sólo el de Aguascalientes se ha negado a ser parte del Mando Único.

A continuación, el diputado Sergio Augusto López Ramírez, pidió al jefe de los cuerpos de seguridad pública en el estado, evaluar una serie de compromisos que adquirió, que entre otros establecidos, se refirió al esquema de Policía de Barrio de Proximidad, el del espeto a los Derechos Humanos y a los programas de capacitación y re integración social que se imparten en los Centros Penitenciarios.

Asimismo, el legislador del Partido Verde, manifestó que una queja constante de los abogados litigantes, es la referente al mal trato y revisión inadecuada que reciben al ingresar a los Ceresos, que a decir de algunos de ellos, “es humillante”. Por otro lado, cuestionó la legalidad de establecer retenes en carreteras, pues son éstos puntos de revisión que atentan contra las garantías constitucionales de los ciudadanos.

También, López Ramírez preguntó al funcionario estatal sobre cuáles son las estrategias de anticorrupción que implementa en su Secretaría.

Al responder, el General de División con Diplomado en el Estado Mayor, Rolando Eugenio Hidalgo, aclaró que las medidas de seguridad que se aplican al interior de los Centros de Readaptación Social son iguales para todos, porque de modificarlas, se incurriría en una violación al Reglamento que dicta el Sistema de Seguridad de Centros Penitenciarios.   

Respecto al tema de corrupción, Hidalgo Eddy indicó que una de las principales estrategias que se emprendió para evitar que ésta se filtrara al interior de la corporación fue la de garantizar que cada elemento fuese bien remunerado y con derecho a sus prestaciones que marca la ley.

En la réplica, Sergio Augusto López Ramírez manifestó su disposición, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para emprender reformas en materia de seguridad pública de ser necesario.

Acto seguido, el legislador del PRD, Gilberto Carlos Ornelas, sostuvo que la ciudadanía ha mostrado desconfianza hacia el policía uniformado, derivada de actitudes prepotentes en algunas ocasiones.

Al proseguir con su intervención, Carlos Ornelas consideró también que los ilícitos de alto impacto (delincuencia organizada) han ido a la baja, contrario a lo que sucede con los delitos del fuero común que dañan la integridad y el patrimonio del ciudadano.

El legislador perredista ejemplificó que de acuerdo a una encuesta que dio a conocer el INEGI y en la que midió la percepción de seguridad, se obtuvo que el “75.2 por ciento de las personas encuestadas se sienten inseguras en las calles o en su colonia”. Aprovechó su intervención para  preguntarle al General de División despejara la duda sobre una supuesta mala relación con el Procurador General del Estado.

Al concedérsele el turno, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy respondió al último cuestionamiento al asegurar que existe un total respeto hacia el fiscal estatal y afirmó que en ningún momento ha habido una descortesía.

Por tanto, el titular de la SSPE  afirmó que “no hay confrontación alguna con el titular de la PGJ”, y sí, su total disposición para colaborar en las actividades y estrategias que llevan a cabo ambas dependencias.

Por otro lado, Hidalgo Eddy aseguró que Aguascalientes ocupa el sexto lugar nacional en confianza hacia su policía, esto debido a que los uniformados actúan con orgullo y entrega en su labor diaria y la sociedad “nos expresa en las calles su respeto y reconocimiento”.

En seguida, el legislador Netzahualcóyotl Álvarez Cardona, insistió en que se debe trabajar más en la salvaguarda de los derechos de las víctimas del delito y en esquemas de prevención.

Sobre el Sistema Nacional Penitenciario, el representante popular priista preguntó sobre cuáles han sido los cambios que han hecho a los programas de atención al interno. Al mismo tiempo, expuso la importancia de impulsar la profesionalización de los cuerpos policíacos.

El General de División con Diplomado en el Estado Mayor, Rolando Hidalgo Eddy adelantó que tras sostener un encuentro con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se lograron establecer acuerdos que beneficiarán a la entidad.

En el segundo planteamiento, el titular de la SSPE señaló que el interno tiene garantizados sus derechos y el curso de programas de capacitación  que le permiten su re inserción social, y sostuvo que los Ceresos en Aguascalientes funcionan como “internados estudiantiles”.

A la par, Hidalgo Eddy informó que el CERESO para varones será ampliado en su infraestructura para albergar otros 400 reos; mientras que el femenil se rehabilitará para concentrar otras 60 internas.

En una nueva intervención, el legislador Marco Arturo Reyes Delgado, preguntó al funcionario de la SSPE sobre la operatividad actual del Grupo Estatal de Reacción Inmediata que agrupa 130 elementos de diferentes corporaciones, además de solicitar información con respecto a la capacitación y depuración que reciben los uniformados.

Asimismo, Reyes Delgado pidió aclarar sobre la percepción de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal “es fábrica de culpables”. Hidalgo Eddy negó que la dependencia a su cargo funja de esta manera, al afirmar que sólo se cumple la ley a cabalidad.

Al respecto del adiestramiento que reciben los elementos, el titular de la SSPE indicó que primero tienen que cumplir con una serie de requisitos legales, además de someterse a la aprobación del Centro de Control de Confianza, del que aseguró: “ningún policía ha salido positivo en las pruebas toxicológicas; y han aprobado los exámenes psicológicos, poligráficos y de entorno social”.

A continuación, el diputado José Ángel González Serna cuestionó si los Centros de Evaluación de Confianza han sido certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y qué calificación daría a sus elementos.

En el período del 31 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2011, cuál fue el desempeño de cada policía preguntó también González Serna.

Al contestar las preguntas del legislador, el titular de la SSPE aseguró que el estado cuenta con una policía confiable que pone el interés ciudadano sobre el personal. Informó que hay un avance del 85 por ciento en la certificación de los Centros de Evaluación Policial, reconocido esto por el propio Presidente de México, Felipe Calderón.

Hidalgo Eddy añadió que los elementos son evaluados de forma integral cada dos años, con el propósito de revisar su conducta y propiciar la eficiencia y adiestramiento constante.

Al hacer uso de su derecho de réplica, el legislador José Ángel González dijo que al ser portavoces de lo que le afecta y lástima al ciudadano, es que se estará atento a lo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no sin antes, extender su beneplácito por la labor de su titular que ha contribuido en el decremento de los índices delictivos de alto impacto.

Con esta última participación, el presidente de la mesa directiva, diputado Kendor Macías Martínez, clausuró la comparecencia del titular de la SSPE, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, para decretar un receso y dar paso a la siguiente participación del Procurador General de Justicia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.

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Comparece el Procurador General de Justicia ante la LXI Legislatura.

• Reconocen diputado avances en la fiscalía, pero insisten en acciones de atención a víctimas del delito y mejora en infraestructura, elementos y capacitación.

Como tercer funcionario en comparecer ante el pleno del Congreso del Estado, durante la glosa del primer informe de actividades del Gobierno estatal, el Procurador de Justicia, Felipe Muñoz Vázquez, reconoció el apoyo recibido de la Legislatura para impulsar el trabajo de la fiscalía, destacó el incremento en el presupuesto otorgado y también las modificaciones realizadas al marco legal.

En primer término el Presidente de la Comisión de Justicia, diputado Miguel Ángel Juárez Frías; mostró su preocupación por el incremento en los índices delictivos que se registró en Aguascalientes, del año 2004 al 2010, como el caso de homicidio doloso que creció en 341%, el secuestro en 233%, violación 38%, robo a casa habitación 151% y el robo de vehículos 428%, por lo que solicitó resultados de las estrategias emprendidas por la institución, además de cuestionar si el combate a delincuencia organizada distrae a las corporaciones de la prevención y castigo de los delitos comunes.

Juárez Frías solicitó datos de cuántos delincuentes se han consignado y cuántas órdenes de aprensión se han girado, así como una  explicación de las denuncias de irregularidades en arraigo y tortura.

El fiscal detalló que en el 2011 se consignó a 130 personas vinculadas con la delincuencia organizada y el 99% de ellas tienen auto de formal prisión. Aseguró que se han desarticulado bandas de este tipo que operaban en la entidad con total libertad desde hace más de seis años. Destacó que se resolvió el año pasado más del 90% de los homicidios cometidos en el estado e incluso varios que se registraron años atrás.

En ese lapso, se arraigó a 180 personas, cien de ellas vinculadas con la delincuencia organizada, la mayoría también cuentan ya con auto de formal prisión. Respecto al robo de vehículos, según precisó que ha habido una disminución del 24% en el último año y se ha incrementado la recuperación de los autos hurtados.

La baja se presentó también en robo a casa habitación y a comercios, pasando de ocho mil 724 casos en 2010 a cinco mil 863 en 2011.

Por lo que toca a casos de tortura, reconoció que siguen trabajando para erradicar algo que era práctica común, laborando de manera conjunta con las Comisiones Nacional y estatal de derechos humanos y atendiendo las denuncias ciudadanas al respecto. Comentó que se investigan varias denuncias y garantizó que habrá mejoras significativas en el tema.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Marco Arturo Reyes Delgado; en su intervención solicitó detalles al fiscal de las acciones concretas a favor de las víctimas del delito, datos de la depuración policial efectuada en la corporación a su cargo y lo que se ha realizado para disminuir el tiempo que tarda un ciudadano en presentar su denuncia.

A nombre de la bancada del Partido Nueva Alianza, pidió no bajar la guardia en el combate a la corrupción y en la depuración de los malos elementos que atentan contra los derechos de la ciudadanía.

Muñoz Vázquez garantizó que su apuesta es por las tareas de inteligencia, por la capacitación de los elementos y el personal que labora ahí para hacerlos más eficientes, pues comentó incluso que anteriormente los cursos que recibían eran de temas que no respondían a sus necesidades, como outsourcing, estrés, entre otros.

Destacó que prueba del interés de eliminar la impunidad, se ha consignado incluso a elementos de la ministerial, tres casos en esta misma semana.

Anunció que el próximo 15 de febrero se contará en los municipios de Jesús María y Asientos con una agencia del ministerio público que atenderá a la población las 24 horas del día, lo que es parte del proceso de desincorporación que se realiza en la procuraduría.

En su intervención el coordinador de los diputados panistas, Alfredo Reyes Velásquez;  cuestionó el aumento el número de denuncias recibidas, pero la disminución en el número de sentenciados. Reconoció una disminución en el número de delitos y la mejora en la percepción general, pero también mostró su preocupación por el alza en delitos del fuero común, por lo que pidió se trabaje con más intensidad en su prevención.

Pidió al fiscal detalles de la relación laboral que mantiene con el Secretario de Seguridad Pública, Rolando Hidalgo Eddy y solicitó se dieran a conocer detalles de la situación que guardan las denuncias interpuestas por el PAN, en el asunto de las irregularidades en la compra de equipo de seguridad en el municipio capitalino y el avance en el caso de la denuncia por la compra irregular de un terreno que fuera interpuesta por él.

De acuerdo al titular de la PGJ, el número de denuncias se incrementó, pero esto es resultado de la transparencia y de que ahora si se integran averiguaciones previas, lo que no ocurrió durante los últimos seis años, en más de seis mil 210 delitos, que solo se inscribían en un registro de guardia, que nunca se convertía en investigación. Sostuvo que durante mucho tiempo la fiscalía no cumplió con su deber y ocultó cifras delictivas reales.

Destacó que solo en enero del presente año se han emitido cien sentencias, pues ahora se integran mejor las averiguaciones, prueba de ello es que hubo en el último año 94% más autos de formal prisión en comparación con el 2010.

En el caso de las denuncias interpuestas por miembros del PAN, señaló que estaban mal integradas, pero se les ha dado seguimiento, y en el primer caso, se siguen practicando diligencias en varias empresas relacionadas con la venta del equipo. Admitió que se les ha obstaculizado en muchas ocasiones el actuar, pero que incluso podrían llegar a realizarse varios cateos.

En el otro caso, también garantizó que continúa la investigación e invitó a los interesados en conocer a detalle la situación de ambos expedientes acudiendo directamente a una reunión en la fiscalía.

Muñoz Vázquez fue claro, en mencionar respecto a su relación con el titular de Seguridad Pública en el estado, que es meramente institucional y profesional, pues nada le obliga a estar en ese cargo para establecer lazos de amistad. Su función como fiscal, indicó no será mermada por ningún interés personal, pues estos no pueden estar por encima de cumplir el compromiso que adquirió al aceptar integrarse a la administración estatal.

A nombre de la bancada del PVEM, su coordinador, Sergio Augusto López Ramírez; señaló que es un señalamiento constante de los abogados, el que la PGJ obstaculiza su trabajo; les impiden la gestión inmediata en los casos que procede fianza; los detenidos son sujetos de tortura y amenaza y las confesiones se arrancan con violencia.

López Ramírez pidió detalles del promedio de escolaridad de elementos que laboran actualmente y la capacitación en materia criminalística con que cuentan. El legislador pidió compromiso del fiscal y reiteró la disposición de los legisladores a colaborar desde su ámbito para impulsar la procuración de justicia.

Como respuesta, el Procurador de Justicia, garantizó que se trabaja para modernizar a la fiscalía, que estaba desarticulada y caminaba sin rumbo. El personal carecía de capacitación y de objetivos, lo que indica ha cambiado.

Admitió que existe una campaña cobarde y anónima en su contra, pero que no hay un solo caso documentado de tortura o una recomendación recibida al respecto, y afirmó que en ningún caso de los que han salido a la luz, han llegado a comprobarse lesiones, por lo que todo ha quedado en estrategia de los abogados que llevan los casos.

Respecto a los 252 agentes que laboran en este momento, detalló que la mayoría son adultos mayores que solo están en espera de su capacitación, y que por esa razón no se involucran en su trabajo, por lo que lo más difícil de lograr es cambiar la mentalidad del personal.

Afirmó que el sabe trabajar con lo que tiene y que no se sienta a quejarse por lo que prefiere pocos comprometidos realmente, a un ejército que solo hace montón.

Se refirió a las condiciones en que se encontraban las instalaciones de la ministerial, que dijo daban vergüenza  e incrementaban el sufrimiento de las víctimas del delito, además de que las personas que ahí laboraban, no sabían ni lo que hacían.

El representante del PRD, Gilberto Carlos Ornelas; mostró preocupación por el incremento en el delito de extorsión, aunque disminuya el secuestro. Además de presentar los datos del INEGI, que señalan que solo el 7.8% de los delitos de denuncian y que solo en el 5.5% de los casos se inicia una averiguación previa y cuando esto ocurre, casi siempre el delito queda impune.

Sostuvo que el verdadero problema de la entidad es la impunidad y no la legislación. Reiteró al fiscal el cuestionamiento hecho anteriormente respecto a la situación en la casa de arraigo y la conducta de los ministeriales en ese inmueble.

El diputado perredista, se refirió también al caso de los más de 400 defraudados de Invergroup, caso del que ofreció entregar mayores pruebas y detalles que permitan el avance en el asunto y en la reparación del daño a las familias afectadas.

Pidió información de los casos del levantón del antro Maverick que se efectuó en el 2007 y de la situación que guarda el caso del asesinato del niño Fabián Ramos.

Al responder a estos cuestionamientos, Felipe Muñoz Vázquez; informó que trabajaron en integrar de manera correcta la averiguación de Invergroup y adelantó que hay ya un pliego de consignación, pero que el obstáculo que han encontrado de manera constante es el proceso de mediación que marca la ley y que aprovechó para pedir a los legisladores locales, se revise a la brevedad, pues impide incluso se sentencie a delincuentes sexuales con prontitud.

En el tema del Maverick, el fiscal señaló que está plenamente identificado el sujeto que ordenó la ejecución del delito que posteriormente incluso se ubicó en Tamaulipas y limitó detalles, pues indicó que la investigación así lo amerita.

La misma secrecía, precisó, debe guardar del expediente del asesinato del menor Fabián, pero dio a conocer que el caso esta concluido y que no ha negado información al padre del niño. Detalló que incluso la CNDH conoce del tema y ha estado pendiente del desarrollo de la investigación. Puntualizó que la PGJ no resuelve temas de conciencia, solo averiguaciones previas.

A nombre de la bancada priísta, el diputado Mario Antonio Guevara Palomino; solicitó datos de los mecanismos implementados para fortalecer la cultura de la denuncia, y los datos más destacados de las acciones realizadas en este año. Dio su respaldo al trabajo del fiscal, quien dijo, ha dado resultados en su estancia, que son visibles y ha demostrado valor y decisión en el cargo.

El titular de la PGJ, reiteró su postura a favor de la cultura de la legalidad, para ello funcionará una contraloría interna, que solo existía de membrete, según explicó. Manifestó que se somete al escrutinio de la población, que no teme a las críticas ni a campañas de desprestigio en su contra, pues está acostumbrado a que eso ocurre en un cargo de este tipo de manera constante.

Posteriormente el diputado aliancista, Marco Reyes Delgado; inquirió respecto a mayores detalles de la situación de equipo, instalaciones e infraestructura de la instancia.

El funcionario estatal explicó que la infraestructura ha mejorado debido al interés del titular del Ejecutivo, pero también reiteró, por el interés de los diputados locales por este sector, olvidado mucho tiempo. Destacó que los representantes populares han manifestado y actuado a favor de que la fiscalía cuente con las herramientas necesarias para dar buenos resultados.

Anticipó que en marzo comenzará funciones la Fiscalía especializada en robo de vehículos y son una realidad las modificaciones y mejoras a los edificios de la policía ministerial y la de servicios periciales. Además que adelantó que en el 2013 habrá una casa de arraigos digna.

Finalmente el diputado panista, José Ángel González Serna; reiteró la petición personal y de su bancada de no olvidar a las víctimas del delito, además de pronunciarse a favor de la justicia pronta y expedita.

Al responder a estos cuestionamientos y concluir su comparecencia, Muñoz Vázquez, anunció que en breve será una realidad el Centro de Justicia para Mujeres, para el que se cuenta ya con terreno y presupuesto para edificar y que atiende a un reclamo constante de la ciudadanía.

Además destacó que contrario a sus antecesores ahora si se aplican los recursos para víctimas del delito, pues solo en el 2011, los 500 mil pesos disponibles se distribuyeron entre trece familias afectadas, insistiendo en que las víctimas son prioridad para la institución a su cargo.,

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