La última comparecencia ante la LXI Legislatura para la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, corrió a cargo del titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Alberto Solís Farías, quien al igual que los 12 funcionarios que le antecedieron en pasadas sesiones y la de este jueves 9 de febrero, subió a la máxima tribuna del estado para responder a los cuestionamientos de los representantes populares.
Corrió a cargo del diputado Juan Manuel Gómez Morales la primera intervención, para señalar que el Congreso del Estado ha realizado más de 400 observaciones a pasadas administraciones estatal y municipales, por el orden de los mil 700 millones de pesos. En ese sentido, preguntó sobre las acciones que se han tomado en consecuencia.
El secretario de Fiscalización, Alberto Solís Farías, reconoció que se tienen casi mil 800 millones de pesos en observación. Dijo que a la fecha se han abierto múltiples expedientes de cuenta pública y se ha sancionado a 285 funcionarios en 397 procedimientos iniciados.
En contraparte, señaló que la anterior administración, en seis años, sancionó a 162 funcionarios en seis años. Refirió que a la fecha se han hecho 6 suspensiones, 45 inhabilitaciones y 3 destituciones. Mencionó que están por recuperar alrededor de 40 millones de pesos.
El funcionario refirió que se ha establecido una metodología para impedir que las acciones irregulares que se repitan en las administraciones públicas, advirtiendo de las posibles sanciones.
Juan Manuel Gómez aprovechó para cuestionar sobre los resultados que arrojó la auditoría al FIADE, misma que fue él solicitó mediante un punto de acuerdo y que obtuvo el voto unánime de sus compañeros legisladores.
Heriberto Gallegos Serna, diputado aliancista, preguntó sobre el número de procesos iniciados contra funcionarios de primer nivel de la pasada administración, incluyendo al ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat.
El Dr. Solís Farías, retomó el punto del FIADE para expresar que en efecto, se llevó a cabo un análisis del estado de este fideicomiso, contestó que ya hay resultados, aunque aún no se han hecho del dominio público, pues se está en espera de iniciar los procedimientos legales respectivos.
Asimismo, el servidor público reconoció que sí hay funcionarios de primer nivel de la pasada administración que han sido sancionados, pero ya que están en un procedimiento jurisdiccional, no pueden ser revelados los nombres de los mismos.
Sobre la situación del Órgano Superior de Fiscalización, aclaró que si bien no le corresponde hablar del tema, aprovecha la ocasión para ratificar que en su momento, como consta en actas, no aprobó algunas situaciones administrativas. Asimismo, añadió que desconoce los resultados de la auditoria ordenada por la actual Comisión de Vigilancia al citado Órgano.
Alberto Solís declaró que su labor cuando fue legislador no puede ser demeritada, ya que fue mucho lo que se hizo en el Órgano Superior de Fiscalización, desde la modernización, dignificación de instalaciones y capacitación, así como los resultados en el análisis de las cuentas públicas.
En su turno, el diputado Arturo González Estrada afirmó que para la bancada panista es fundamental el principio de transparencia. Explicó que si bien los diputados “aprueban cuentas públicas” esto no significa que ya no se posible que se sigan procesos por errores o desvíos detectados.
El legislador expresó que es recurrente mirar hacia atrás para culpar por lo que no se ha hecho, utilizando la función de fiscalización a manera de “cacería de brujas”. Ante ello, preguntó que de los 285 casos mencionados cuántos son de las actuales administraciones y cuántos de las anteriores.
El secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas reiteró que revelar nombres implicaría una responsabilidad legal y coincidió en que una cuenta pública, aunque aprobada, puede tener seguimiento legal y administrativo.
El Dr. Solís Farías recalcó que no tiene consigna alguna para perseguir a algún funcionario, sino que busca garantizar que toda investigación se lleva con todas las etapas marcadas por la ley. Reveló que recibió un rezago en la anterior Contraloría de mil 64 expedientes, algunos de ellos enviados por la Secretaría de la Función Pública y otros por la Auditoría Superior de la Federación.
Advirtió que uno de los principales procedimientos que se siguen es contra los funcionarios públicos que no han cumplido con la presentación de su declaración patrimonial.
Para agotar su tiempo de réplica, el diputado Arturo González insistió en saber cuántos casos de sanción corresponden a pasadas administraciones y cuántos a las presentes. Lamentó que lanzar datos al aire sin sustento también daña la imagen de personas, que de otro modo podrían desempeñar funciones públicas sin problema alguno.
José Luis Ramírez, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista, inquirió lo siguiente: “¿De qué ha servido este año?, ¿qué se ha logrado detectar con respecto a los pasados gobiernos?, ¿cómo precisar que los números del informe están en su lugar y no están siendo manejados por debajo de la mesa?”
Alberto Solís reconoció que la mayoría de los sancionados corresponden a la pasada administración, en quejas y denuncias, declaraciones patrimoniales no presentadas así como cuentas públicas. Subrayó que en los órganos de fiscalización siempre se trabaja con números del pasado, pero que esto ha servido para detectar las irregularidades más frecuentes y proponer acciones para disminuirlas.
El legislador Ramírez Escalera declaró que el desfasamiento temporal en cuanto a la fiscalización de los recursos públicos deja poco satisfecha a la población.
Expuso que particularmente hay cuestiones en las que el gobierno queda muy mal en percepción ciudadana, en temas que llaman la atención como el préstamo del FIADE al equipo de fútbol Necaxa, entre otros, mismos de los que dijo, se ignora su fin.
Gilberto Carlos Ornelas enunció que el tema de la fiscalización es muy sensible, especialmente por la etapa en que vive Aguascalientes. Relató que desde el inicio de la administración gubernamental, se han hecho muchas declaraciones y revelaciones sobre presuntos malos manejos que se heredaron del anterior sexenio.
Enlistó el caso de la compra fraudulenta de terrenos en Peñuelas, que sólo sirven como potreros; el cambio en el proyecto del Hospital Hidalgo, aumentando su costo y dejándolo inconcluso; el manejo discrecional del dinero del FIADE, con financiamientos a fondo perdido; boquetes en el IEA, etcétera.
También señaló que la pasada Legislatura, en la que por cierto participó el propio Alberto Solís Farías, se realizó la aprobación de cuentas públicas de manera expedita y sospechosa, y en el Órgano Superior de Fiscalización se incurrió en manejos discrecionales de presupuesto.
“Este es un claro caso de sospechosismo” denunció el diputado perredista y preguntó el porqué no se han iniciado acciones penales en contra de los funcionarios que incurrieron en presuntas irregularidades. Afirmó que existe una también una duda fundada de que hubo acuerdos políticos con la pasada administración.
Por último Gilberto Carlos, de manera literal, “le pidió permiso” para que se puedan dar a conocer los resultados a la auditoría al Órgano Superior de Fiscalización.
Alberto Solís Farías, para responder a los señalamientos que se han hecho públicamente, adelantó que se trabaja en los procedimientos respectivos, especialmente en casos como el del Hospital Hidalgo y el FIADE. Del IEA declaró que ya se han hecho resarcimientos y que nada ha quedado impune.
Reveló que sí se están realizando acciones penales, pero que tienen la obligación provisional de guardar discreción en la información. Con respecto a la auditoría al Órgano Superior, dijo que no es de su competencia, pues estaría incurriendo en una invasión de poderes.
Además, el Doctor Solís Farías negó terminantemente que se haya dado algún acuerdo en lo obscuro con la pasada administración, y resaltó que en harás de abonar a la rendición de cuentas, prácticamente la mitad de los decretos emitidos por la pasada Legislatura surgieron de la Comisión de Vigilancia, que él presidía cuando fue diputado.
El diputado perredista insistió en que hay una falta de claridad en lo informado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. “Le está quedando a deber a la población, pues no sólo debe ser, sino parecer” aseveró.
En el uso de la voz, la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, recordó el concepto de transparencia y preguntó sobre el actuar de la Secretaría de Fiscalización para que los ciudadanos tengan acceso a la información pública del Gobierno, así como para frenar las posibles irregularidades de los servidores públicos.
Al respecto, el funcionario público dio a conocer que se han realizado 58 auditorías financieras a las dependencias y órganos públicos descentralizados. Además, enlistó otras actividades como asesorías en adquisiciones y cuestiones técnicas administrativas.
Sobre las solicitudes públicas de información que se han recibido en la dependencia, señaló que han sido más de 2 mil 300, dando respuesta positiva a casi 70% y con la reserva en el 6% de los casos. Comentó que les impugnaron 22 respuestas y tuvieron que rectificar la contestación en 9 casos.
“No estamos tan mal como en otros estados en materia de transparencia, aunque sólo se pide información de pocos programas, cuando hay más de cien”, reconoció el funcionario.
El líder de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, Heriberto Gallegos, le preguntó sobre las posibles iniciativas para mejorar la fiscalización de recursos, especialmente en materia de participación ciudadana.
Solís Farías adelantó que ya se trabaja en la implementación de un sistema de evaluación de los servidores públicos y la creación de comités de participación social. De hecho, refirió que el próximo día 16 de febrero estará en Aguascalientes el secretario de la Función Pública, con el que se firmará un convenio, particularmente para la capacitación de funcionarios.
José Ángel González Serna, diputado del Grupo Parlamentario del PAN, preguntó si es correcto que se mantenga el secreto en procedimientos que están en vigor, pero que en el caso de procesos concluidos lanzó la frase de “¿por qué hay reserva?”. Por ejemplo –dijo-, los nombres de los 45 inhabilitados y de los que han tenido que regresar dinero. Por ello, insistió en que se revelara la identidad de estas personas.
Por otro lado, retomó el tema de las dependencias que presuntamente se recibieron en quiebra financiera. También retomó las declaraciones del ex gobernador Luis Armando Reynoso de que él dejó el presupuesto necesario para que iniciara sin problemas la nueva administración. Cuestionó también el hecho de que si el propio secretario de Fiscalización era quien conoció las cuentas públicas, pues no debería haber problema en sacar adelante las investigaciones hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando? Remató.
Alberto Solís declaró que en efecto, se sufrieron problemas financieros “bastante graves”, al tomar las riendas del gobierno, lo que llevó a procedimientos administrativos y sanciones, producto de denuncias específicas.
Sobre lo dicho por el anterior jefe del Ejecutivo, acotó que no había dinero “de reserva”, aunque sí el gasto corriente mínimo. Algunas dependencias, añadió, han visto mermados sus ingresos, por adeudos varios o rectificaciones en el pago de impuestos.
El servidor público reconoció que los procedimientos para aclarar las irregularidades o exigir la devolución de recursos, llevan mínimo cuatro meses y medio, lo cual obviamente, no es lo deseable y entendió el malestar de los ciudadanos que cuestionan el hecho.
“¿Entonces no se ha podido recuperar ni un solo centavo?” insistió el diputado Ángel González Serna e ironizó que las actuales revisiones se estarán dictaminando hasta el 2030. Advirtió que él propuso un punto de acuerdo para que se conocieran los resultados de la auditoría al Órgano Superior de Fiscalización, planteamiento que no alcanzó la mayoría pero sí abstenciones y pocas negativas.
Asimismo, aseveró que él, como miembro de la Comisión de Vigilancia, es uno de los principales interesados en que mejore la fiscalización y que se sepan los resultados de la auditoría al Órgano Superior, del que por cierto dijo, también lo encontraron en pésimas condiciones.
Concluyó que también les tocó recibir una entidad de fiscalización en malas condiciones y remató al decir “no quiero imaginarme cómo estaba antes”.
Terminados los trabajos para la glosa del Primer Informe de Gobierno, el presidente de la Mesa Directiva, Kendor Gregorio Macías, decretó un receso para despedir al secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Dr. Alberto Solís Farías, para proseguir posteriormente con el apartado de asuntos generales de la sesión.
