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Aclaran los diputados Arturo Robles y José Luis Ramírez que lo aprobado es la fiscalización que hizo el Órgano Superior y que de ninguna manera validan los malos manejos financieros de los municipios.
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El legislador Gustavo Granados Corzo señaló al ex gobernador Luis Armando Reynoso como responsable de incumplimiento del pago de cuotas al ISSSSPEA.
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Se dio cuenta de una iniciativa de reforma electoral y la solicitud de empréstito para el Municipio de Aguascalientes por hasta 120 millones de pesos.
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Presenta el diputado Gregorio Zamarripa un proyecto de reforma constitucional para hacer posible el registro de candidaturas locales independientes.
En sesión ordinaria de la LXI Legislatura de Aguascalientes, se dio entrada en el apartado de asuntos en cartera, de la iniciativa de ley para postergar en un mes el inicio del proceso electoral local, signada por legisladores de los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza, Verde Ecologista, del Trabajo y de la Revolución Democrática, así como por el diputado Jorge Delgado, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.
Asimismo, se dio cuenta de la propuesta de la bancada del PRI para reformar diversas leyes y ordenamientos con la finalidad de armonizarlos con la reciente creación de la Sala Administrativa Electoral y las modificaciones en la elección de magistrados.
De igual forma, el Pleno fue enterado de la solicitud del Ayuntamiento de Aguascalientes para adquirir empréstitos por hasta 120 millones de pesos, con un plazo máximo de pago al 31 de diciembre de 2017 y con la finalidad principal de invertirlos en infraestructura hidráulica.
En lo que respecta a los puntos establecidos en el orden del día, se procedió a desahogar en primer término el dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cosío, correspondiente al Segundo Semestre del año 2012, mismo que fue leído por el diputado Heriberto Gallegos Serna.
Cabe señalar que en el trabajo del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), se le hicieron un total de 25 observaciones sobre irregularidades administrativas a dicho ayuntamiento, además de señalar un monto de resarcimientos por aproximadamente 1 millón 800 mil pesos.
Sobre el particular y los dictámenes posteriores, el diputado Gilberto Carlos Ornelas adelantó su voto en contra, ya que afirmó que si bien las auditorías tienen una excelente manufactura, debe haber acciones en consecuencia por el Congreso del Estado, ya que la constante en el manejo de los recursos públicos, es la frivolidad y la irresponsabilidad.
Indicó por ejemplo, que pese al escaso presupuesto de los municipios, se procedió a la compra de trajes sastre para los regidores, además de aprobar aumentos en su aguinaldo. Pidió además, que la Comisión de Vigilancia dé cuenta de los malos manejos al Ministerio Público y que no se limite a sugerir acciones a las contralorías respectivas.
El representante popular por el PRD aseguró que si bien la ley bajo la cual se hicieron las revisiones (de la antigua Contaduría Mayor de Hacienda) no contempla este tipo de acciones judiciales, tampoco las prohíbe. Carlos Ornelas añadió que es grave que 10 ayuntamientos hayan usado las cuotas de los trabajadores al ISSSSPEA para otros fines distintos a los derechos laborales, bajo un acuerdo verbal con el anterior gobierno.
Por alusiones a la labor de la Comisión de Vigilancia, el diputado Arturo Robles Aguilar subió a tribuna, donde en primera instancia solicitó a sus compañeros el respaldo para la aprobación de los dictámenes, al hacer una relatoría de las acciones legislativas para lograr un trabajo profesional del OSF y aclarar que el órgano parlamentario del cual es presidente, no se puede extralimitar en sus funciones por la ley que rige las cuentas públicas correspondientes al segundo semestre de 2010.
Empero, el legislador priista reconoció que si las respectivas contralorías municipales no ejercen su capacidad de denuncia, exigencia de pago y otras modalidades de resarcimiento de daño a las arcas públicas, podrían proceder las acciones de opacidad o complicidad, vacío legal que ya no existe con la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, vigente para las revisiones de las administraciones públicas desde el año 2011.
Con el voto en contra de los diputados Gilberto Carlos Ornelas, Héctor Quiroz García y Mario Guevara Palomino, fue aprobado el proyecto de decreto respectivo.
Acto seguido, los diputados locales aprobaron por mayoría, sólo con el voto en contra del representante del PRD, Gilberto Carlos Ornelas, el dictamen que revisa la Cuenta Pública del Municipio de El Llano, relativa al segundo semestre del 2010, mismo que señala siete observaciones no solventadas, hace tres recomendaciones y solicita el resarcimiento de 704 mil 429 pesos.
En lo que toca al Ayuntamiento de Rincón de Romos, el diputado Arturo Robles leyó un resumen de la revisión de la Cuenta Pública también correspondiente a la segunda mitad del año 2010. En el dictamen, se señalan responsabilidades administrativas por un monto de 17 millones 408 mil pesos por obras no ejercidas de manera correcta, así como el incumplimiento de pagos a acreedores y proveedores diversos por un total de 40 millones 730 mil 732 pesos.
Sobre el caso específico, el legislador Gilberto Carlos Ornelas preguntó a su compañero Arturo Robles por la cantidad que no fue cubierta al ISSSSPEA, a lo cual se le respondió que asciende a 20 millones 137 mil pesos.
Por tal motivo, el perredista insistió en que el Poder Legislativo no quedarse en “los límites que la ley marca, lanzando la pelota cuando lo que va a pasar es que van a negociar políticamente”.
A ello, el presidente de la Comisión de Vigilancia, le dejó en claro que desde el inicio de la fiscalización de la pasada administración municipal de Rincón de Romos, las actuales autoridades han estado trabajando de la mano con el Congreso del Estado, para sustentar las 11 demandas penales ya presentadas, por lo que no se minimiza el daño a la hacienda pública y al contrario, se apoya técnicamente para darle el cauce legal correspondiente.
Al abordar la tribuna el diputado José Luis Ramírez Escalera presentó el posicionamiento del Partido Verde Ecologista, donde pidió dar un estricto cumplimiento a la ley y que los procedimientos ya iniciados en contra de quienes fueron responsables de malos manejos administrativos, deben continuar.
Fue enfático en que lo que se aprueba es sólo la revisión de la cuenta y que no se avalan conductas o manejo de los recursos, ni el perjuicio real a la hacienda pública. Solicitó a los medios de comunicación que se mencione esta situación, para que quede claro que los diputados avalan la revisión, no su contenido y así se comprenderá que no se solapan irregularidades.
En el caso particular de Rincón de Romos, afirmó que el Grupo Parlamentario del PVEM, lamenta profundamente las circunstancias financieras en que concluyó la administración de Ubaldo Treviño, pues fueron ellos quienes avalaron su candidatura para el cargo, considerando que tenía la capacidad e integridad para realizarlo de una manera adecuada, por lo que si fue mal asesorado posteriormente o cambió durante el ejercicio de su administración, es algo que está fuera de las manos de este organismo político.
Reiteró que ellos no avalarán nunca la negligencia, la irresponsabilidad ni el desorden o desdén administrativo, pues la población de Rincón de Romos merecía cuentas claras por lo que nunca solaparán malos manejos, pues no hay justificación para ello.
Lamentó los adeudos millonarios que dejó con el ISSSPEA, con Finanzas, con el pago del Impuesto sobre nómina, incluso con el relleno sanitario y el que haya proveedores diversos que esperan se les pague más de seis millones de pesos que les adeudan. La responsabilidad, expuso, no se queda únicamente en el entonces alcalde, también cualquier integrante de esa administración que intervino y es responsable de los malos manejos, quienes deben ser llamados a cuentas. El PVEM, finalizó, siempre se apegará a la ley, caiga quien caiga.
A solicitud de la presidente de la Mesa Directiva, diputada Edith Citlalli Rodríguez González, se procedió a tomar nota de los sufragios de los ocupantes de curul, por lo que los secretarios dieron cuenta del voto favorable de la mayoría y el rechazo al dictamen de los legisladores Mario Guevara Palomino, Gilberto Carlos Ornelas y Héctor Quiroz García.
Posteriormente también por mayoría, con el voto en contra del diputado Gilberto Carlos Ornelas y la abstención del petista, Héctor Quiroz García; los integrantes de la LXI Legislatura avalaron el dictamen que revisa la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del 2010 de Tepezalá y que señala quince responsabilidades administrativas y disciplinarias, además de ordenar un resarcimiento por tres millones 048 mil 802 pesos.
En el debate del dictamen, el diputado priísta Gustavo Granados Corzo; se refirió a lo que dijo es un problema recurrente detectado en las cuentas de todas las administraciones municipales, como es el pago pendiente al ISSSSPEA y que no se ha analizado a fondo su causa real.
Explicó que la crisis de 2009 implicó para el estado mexicano una situación compleja que obligó a hacer recortes presupuestales importantes y aquí en la entidad, la administración que encabezaba Luis Armando Reynoso Femat, no resolvió con una estrategia adecuada que permitiera a los Ayuntamientos seguir otorgando servicios sin dejar de pagar obligaciones.
Pidió de manera expresa a la Comisión de Vigilancia la revisión a detalle de la situación del ISSSSPEA y de este punto en particular en el dictamen del último semestre 2010 que presentará pronto al pleno, pues la mayoría de las administraciones que dejaron de pagar al ISSSSPEA lo hicieron, porque sufrieron el 20% de recorte en sus participaciones, y no hubo quien les ayudara a mitigar ese golpe, por lo que la postura de los alcaldes fue de compromiso con sus representados, y prefirieron seguir cumpliendo que pagar esas obligaciones con la instancia avalados por el entonces titular del ejecutivo que prefirió no implementar una política de ahorro del gasto y les dio manga ancha para incumplir, sin prever la problemática posterior.
Puntualizó que debieron haber respaldado a las administraciones municipales del interior, pues el de la capital no dejó de pagar nunca, por lo que ahora debe llegarse al fondo del asunto cuando toque el turno de la cuenta del segundo semestre del 2010 del Poder Ejecutivo Estatal.
