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El diputado Gilberto Carlos Ornelas y el Instituto de Investigaciones Legislativas convocaron a un foro de análisis sobre esta prestación laboral.
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La Comisión de Desarrollo Económico revisará la iniciativa de ley con el apoyo de especialistas en la materia.
Este viernes tuvo verificativo el foro de análisis “Seguro de Desempleo: Perspectivas y Viabilidad” organizado por el Instituto de Investigaciones Legislativas y el diputado Gilberto Carlos Ornelas, con la participación de funcionarios públicos, economistas y legisladores, en un ejercicio de diagnóstico y análisis comparado.
El legislador que presentó la iniciativa en el Congreso del Estado, recordó que México fue pionero en el otorgamiento de prestaciones laborales de avanzada, pero que ya se quedó atrás en relación a las naciones que ya ofrecen la posibilidad de otorgar ayuda económica a las personas que se han quedado sin trabajo.
Carlos Ornelas mencionó que sólo en el Distrito Federal existe el subsidio para quienes buscan alguna vacante, con un presupuesto gubernamental de 570 millones de pesos para tal fin. Explicó que ante los vaivenes económicos que ha sufrido Aguascalientes, se vuelve viable instaurar el seguro de desempleo, aunque habría que buscar las fuentes de financiamiento para ponerlo en marcha.
Cabe hacer mención que se dio a conocer que como parte del proceso legislativo, la Comisión de Desarrollo Económico convocará a diversos expertos en la materia laboral para discutir la viabilidad del proyecto legal, incluyendo a especialistas del Estado de México, donde se han hecho reformas en el área.
Por su parte, el responsable de seguro de desempleo en el Gobierno del Distrito Federal, Federico Abarca Reyes, detalló ante los panelistas los pormenores del funcionamiento del programa a su cargo.
Explicó que el objetivo es ofrecer una prestación a los ciudadanos que pierden su fuente laboral, para que durante un tiempo definido, en este caso seis meses, eviten cambios drásticos en su vida familiar, que puede incluso llegar a destruirse, además de proporcionarle capacitación y adiestramiento en ese lapso, que le permita incluso iniciar un negocio propio.
Actualmente la tasa de desempleo en el DF es de 6.17%, lo que representa unas 300 mil personas en esta situación. El gobierno capitalino destinó en el 2011, un monto superior a los 500 millones de pesos para la atención a este programa, pero reconoce que la cantidad es insuficiente.
El seguro, reconoció, no es la panacea ni una solución definitiva, pues es sólo un apoyo temporal que se otorga actualmente por un equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la capital del país; es decir, mil 890 pesos mensuales. Esta cantidad es aportada en su totalidad con recursos fiscales, contrario a lo que sucede en la mayoría de los países donde opera, que utilizan inversión tripartita.
Abarca Reyes señaló finalmente que su opinión un seguro de desempleo debe convertirse en un derecho de todos los mexicanos.
En su intervención como panelista, el director del Centro de Investigación de Desarrollo Económico (CIDE), Alberto Aldape Barrios, consideró que más que impulsar un programa de desempleo, se debe priorizar en el establecimiento de esquemas de incentivación fiscal a las empresas y favorecer la contratación de personal.
Así, el especialista se pronunció por emprender la revisión integral del marco jurídico laboral impulsando su actualización, de esta manera equilibrar la relación entre el patrón y el empleado.
Indicó que lo anterior es imperante porque de acuerdo con datos de la Junta de Conciliación y Arbitraje a diario son desahogadas 100 audiencias por demandas laborales.
Puntualizó que otra alternativa para enfrentar imprevistos como el despido laboral, es el de fomentar en el trabajador la práctica del ahorro.
La siguiente participación corrió a cargo de Saúl Escobar Toledo, ex investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y autor de la publicación “Razones para un Seguro de Desempleo en México”.
El economista señaló que dos de los principales objetivos de la prestación social en discusión, son el de fomentar la reinserción laboral de las personas y por el otro, ayudar a estabilizar la economía al mantener la demanda de consumo.
De igual forma, el académico aseguró que México aún no se recupera completamente de las crisis que iniciaron en 1981 y que no ha sido suficiente la inversión destinada al fomento de los empleos, que por cierto han sufrido un proceso de “precarización”; es decir, con pocas prestaciones y remuneración.
Escobar Toledo señaló que un fenómeno que se debe tomar en cuenta es el de la migración, ya que esta “válvula de escape” laboral se está cerrando ante la crisis económica de los Estados Unidos, donde actualmente residen 13 millones de paisanos, algunos de los cuales ya están retornando a causa del desempleo que se vive en aquél país, que ya alcanza más del 10%.
Ante ello, el investigador sugirió que se debe poner en marcha una política laboral integral, que incluya estímulos para la generación de nuevos empleos, la intermediación, la capacitación para fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo, y otras acciones innovadoras que no sólo tengan objetivos asistencialistas.
Asimismo, el subsecretario del Trabajo durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal, opinó que es necesaria una reforma laboral a la par de una actualización del sistema de impartición de justicia laboral, ya que actualmente los juzgados de muchos estados de la República están saturados con demandas por despido.
Saúl Escobar dijo además, que es indispensable fortalecer la seguridad social para crear plazas de calidad, así como reducir la ocupación informal. Enfatizó que al igual que Brasil o Argentina, se deben planear políticas para blindar la economía ante las crisis internacionales.
A continuación, el director de estudios y estadísticas del gobierno de la Ciudad de México, Daniel Carlos García Gómez; señaló que en el DF, la medida se tomó como respuesta a la emergencia económica y que debe mantenerse porque la situación se prevé complicada en los próximos años a nivel internacional, y la medida, sostuvo debería replicarse en otros estados de la República.
Consideró que en Aguascalientes es el momento oportuno para hacerse pues la desocupación en el último año fue elevada y la superación del problema será paulatina, por lo que pidió se realice un análisis a fondo de la iniciativa, para que no se convierta en una política asistencial, sino en un apoyo temporal, y en un motivador de nuevos trabajadores independientes.
En el uso de la voz, el diputado Gustavo Granados Corzo, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo de la LXI Legislatura, aseveró que este tema requiere un análisis a profundidad, una revisión integral del marco legal en materia laboral, tanto federal como local.
Quien ocupa el cargo de presidente del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Legislativas, afirmó que el Seguro de Desempleo que se aplica en el Distrito Federal atiende situaciones distintas a las que se registran en Aguascalientes, lugar en el que pretendemos un modelo de crecimiento sostenido, sin promover un sistema asistencialista que genere valor agregado.
El representante popular del PRI, refirió que el Instituto Mexicano de Competitividad propone que dentro de la legislación laboral se considere a la liquidación laboral como protección para el despedido, toda vez que un juicio de demandas se resuelve, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 50 meses, considerando salarios caídos.
Finalmente, el legislador Gustavo Granados dijo que dicho tema –promovido por su homólogo Gilberto Carlos Ornelas- tendrá que ser sometido a diversas etapas de profundo análisis y estudios comparativos.
