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Se sometieron ante el Pleno Legislativo los dictámenes referentes al Ejercicio Fiscal del Segundo Semestre del 2010 correspondientes a los municipios de Asientos, Calvillo, Pabellón de Arteaga y San José de Gracia.
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Fue aprobado el exhorto el Gobierno Federal para que agilice trámites para la plena operación de la Mina Frisco, propuesto por el diputado Kendor Macías, así como la integración de un Comité para solicitar informes a Semarnat y Profepa.
La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, presentó ante el Pleno Legislativo en el marco de la sesión ordinaria del miércoles 18 de julio, los dictámenes relativos a la revisión de las cuentas públicas de los municipios de Asientos, Calvillo, Pabellón de Arteaga y San José de Gracia, correspondientes al Ejercicio Fiscal del Segundo Semestre del año 2010, mismos que fueron aprobados por mayoría.
En este contexto, el presidente del citado órgano parlamentario, diputado Arturo Robles Aguilar, afirmó: “Sabemos que en el ejercicio de su función, el estado y municipios, anteriormente aplicaban recursos públicos sin mayor vigilancia del Legislativo, generando desviaciones e ineficiencias junto con un manejo discrecional de los recursos, práctica que ha quedado atrás”.
El representante popular por el PRI, añadió que “se puede asegurar que el trabajo realizado por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF)está rindiendo sus primeros frutos y que la rendición de cuentas se está considerando como un derecho fundamental para el ciudadano, así como una obligación para sus representantes en aras de mejorar la gestión gubernamental”.
Además, resaltó la aprobación por la LXI Legislatura de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que si bien no aplica para los dictámenes sometidos a votación, por no tener carácter retroactivo, es un instrumento que incorpora nuevas atribuciones al OSF, como la revisión domiciliaria, la imposición de sanciones administrativas y la denuncia ante el Ministerio Público, de ser necesario, y que podrán ser aplicado en la revisión de las nuevas cuentas públicas.
El integrante de la Comisión de Vigilancia, legislador José de Jesús Ríos Alba, resumió el contenido de los dictámenes de revisión de las cuentas públicas, al señalar que en el caso de Asientos se le hicieron 26 observaciones (errores, malos manejos administrativos, etc.), mismas que no solventaron y que implican la exigencia de resarcimiento de 882 mil pesos.
En cuanto al Ayuntamiento de Calvillo, se indican en el texto técnico, un total de 25 observaciones, de los que parcialmente solventó 11. Explicó que bajo la reglamentación de la anterior Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, se le recomienda a la Contraloría Municipal que requiera la cantidad de 1 millón 139 mil pesos.
Por lo que toca al Municipio de Pabellón de Arteaga, administración que tuvo 9 observaciones parcialmente solventadas y 9 sin contestar, lo que implica un monto de resarcimiento por 1 millón 700 mil pesos.
Por último, el doctor Ríos Alba detalló que San José de Gracia es el ayuntamiento con problemas administrativos más serios, con 25 observaciones no solventadas, que representan la cantidad de 6 millones 276 mil pesos. Entre ellas resalta la venta de un lote de vehículos por una cantidad que calificó de irrisoria, la compra de un equipo de sonido que se le otorgó en comodato a familiares directos del entonces presidente municipal, entre otras cuestiones.
Tras la presentación del dictamen referente al Municipio de Asientos, pidió hacer uso de la voz para razonar su voto, el diputado Gilberto Carlos Ornelas, quien reconoció el trabajo de la Comisión de Vigilancia para la elaboración de los dictámenes “meticulosos”, donde se aprecia “responsabilidad y esfuerzo que vale la pena aquilatar”.
No obstante, el perredista lamentó que haya transcurrido tanto tiempo para presentar los dictámenes, que estos se hayan hecho con la antigua ley que no permite sanciones directas desde el Congreso del Estado y que exista la posibilidad de que las recomendaciones del OSF queden sólo en observaciones sin consecuencia alguna, “como ya se ha tenido la experiencia con otras cuentas públicas” ya que los decretos respectivos carecen de “filo” y tardanza da lugar a dudas sobre posibles “arreglos”.
Por alusiones personales, subió a tribuna el legislador Arturo Robles Aguilar, quien aclaró que durante el primer trimestre del año 2011 ya se tenía avanzada la fiscalización de las citadas cuentas, pero que se presentó el problema de la ausencia por renuncia del titular del OSF, así como la falta de una nueva legislación que mejorara la operatividad de dicho ente legislativo.
En segundo término, indicó el presidente de la Comisión de Vigilancia, fue hasta el mes de febrero del presente año que tuvo lugar el nombramiento de Arturo Solano López como nuevo Auditor Superior del Estado.
Posterior a ello, refirió Robles Aguilar, se llegó al acuerdo de que no era prudente someter las cuentas públicas a la consideración de los ocupantes de curul, por la inminencia del proceso electoral y en el ánimo de no contaminar políticamente la aprobación respectiva.
Acto seguido, la presidente de la Mesa Directiva, diputada Edith Citlalli Rodríguez González, solicitó a asamblea emitir su venia o voto en contra del dictamen con la Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Asientos del Segundo Semestre de 2010, obteniendo el aval de la mayoría, el rechazo de los legisladores José Luis Ramírez Escalera y Héctor Quiroz García, y la abstención del diputado Gilberto Carlos Ornelas.
Los diputados locales aprobaron por mayoría, con el voto en contra del legislador del Partido Verde Ecologista, José Luis Ramírez Escalera y el representante del PRD, Gilberto Carlos Ornelas, así como la abstención de Alfredo Reyes, el dictamen que contiene la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Calvillo, correspondiente también al segundo semestre del Ejercicio Fiscal del año 2010.
La revisión de la cuenta, presentada ante el pleno por el diputado José de Jesús Ríos Alba; arrojó un total de veinticinco observaciones no solventadas, once solventadas parcialmente y las que se ordena corregir a la Contraloría Municipal, además de doce recomendaciones y se señalan veinticuatro responsabilidades administrativas. Adicional a ello ordena un resarcimiento por un monto de un millón 139 mil veinticuatro pesos.
Respecto a este dictamen, el diputado José Luis Ramírez Escalera; como representante de ese municipio; se sumó a la postura del legislador perredista, quien señalaba que se esperó demasiado tiempo para traer estos dictámenes al Pleno, cuando no había impedimento para ello. Consideró que es irónico y hasta una especie de burla que se anuncie que se publicarán los datos de estos dictámenes en las páginas de internet del Congreso y del órgano de fiscalización, cuando ya ni de los alcaldes anteriores se tienen noticias en especial del de Calvillo.
Cuestionó si en realidad estos dictámenes dicen todo, si son confiables al cien por ciento. Hizo señalamientos en especial, en aspectos como la falta de pago a proveedores, la deuda con ISSSSPEA, el pago a despachos que nunca se supo qué hicieron, además de los altos índices de cartera vencida en agua y predial. Además mencionó como irregularidades que en su opinión son graves, la venta de vehículos sin aviso, personal laborando sin contratos ni compromisos, pero que considera se quedarán “en eso” y no llegarán a convertirse en denuncias ante la Procuraduría General de Justicia, pues fueron revisadas aún con la ley anterior que no lo marca, por lo que considera que solo saldrá uno que otro chivo expiatorio o se cobrarán los favores políticos.
Denunció que hay decenas de proveedores de Calvillo que nunca han podido cobrar sus servicios, incluso hay, como dice el dictamen algunas facturas pendientes de pago de hasta 160 mil pesos, situación muy complicada para los comerciantes de ese municipio, pues la actual administración no ha asumido esta deuda.
Pidió a sus compañeros de Legislatura pensar qué cuentas le pueden dar a la población de una de sus tareas centrales como es la fiscalización y llamó a los representantes populares a realizar una labor realmente digna.
Como integrante de la comisión, el diputado José de Jesús Ríos Alba, abordó la tribuna para hacer algunos señalamientos ante los comentarios de diputado del PVEM; consideró que aunque Ramírez Escalera, tiene mucho interés por su municipio, desconoce el tema, y tal vez incluso con mala intención saca a la luz sus problemas personales con el actual alcalde, al traer al pleno lo que hoy pasa cuando lo que se aborda es lo correspondiente al segundo semestre del 2010.
Destacó todas las horas que el Órgano de Fiscalización le ha dedicado a la revisión de las cuentas públicas, y no sólo superficialmente como él lo hizo. Reiteró que hay efectivamente irregularidades que no pudieron ser aprobadas, y por ello se indica un resarcimiento por más de un millón de pesos. Además destacó las acciones como el nombramiento del nuevo titular del OSF y la nueva ley que ahora permitirá que realmente se cumpla el compromiso de fiscalizar a fondo a partir de las cuentas del 2011, por lo que dijo, “no podemos permitir que se juzgue el trabajo de muchos por unos cuantos”.
Ramírez Escalera abordó nuevamente la máxima tribuna del estado, para señalar que no duda de la calidad del trabajo de la Comisión de Vigilancia, pero sí de los tiempos en que esto sale a la luz.
En su oportunidad el coordinador de la bancada panista, Alfredo Reyes Velázquez, comentó que lo que hoy está en juego es cómo los diputados hacen cumplir la ley en tiempo y forma. Lamentó que haya una Ley de Fiscalización aprobada en noviembre, que no se puede aplicar en estos dictámenes, por lo que todo quedará en gritos y sombrerazos, pues lo único que se puede hacer por ahora es turnar estas observaciones ante los contralores de cada municipio que no harán nada más. Pidió que le pongan más dientes al Órgano de Fiscalización para que sea este el que sancione directamente.
Acto seguido, la mayoría de los diputados se pronunció a favor del dictamen que contiene la revisión de la cuenta pública del municipio de Pabellón de Arteaga, correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal del año 2010, registrándose dos abstenciones.
Producto de la investigación fiscalizadora conducida por la Comisión de Vigilancia, se llegó a la conclusión de que dicho ayuntamiento es objeto de 18 observaciones pendientes de solventar, de las cuales nueve no fueron resueltas, y otras 9 fueron parcialmente solventadas. Se obliga al resarcimiento de un 1 millón 700 mil pesos.
Entre otras de las irregularidades detectadas en la citada cuenta pública, se dio a conocer la entrega -sin ser justificada jurídicamente- de un bono económico “por término de la administración”, al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Regidores, arrojando la erogación de 1 millón seiscientos noventa y dos mil novecientos cuatro pesos ($1 ’692,904.77).
Por lo que se estable en el presente dictamen que emitió la Comisión de Vigilancia que el Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga “no exhibió ninguna documentación ni hizo manifestación alguna para tratar de solventar la presente observación”.
Cabe mencionar que durante la votación, los diputados Héctor Quiroz García (PT) y Gilberto Carlos Ornelas (PRD) pronunciaron su abstención.
Para desahogar la revisión de las cuentas públicas programadas para la sesión ordinaria, se procedió a dar cuenta del dictamen correspondiente al Ayuntamiento de San José de Gracia, donde se incluyen observaciones de deudas no cobradas, cuotas no pagadas al ISSSSPEA e impuestos a la Secretaría de Hacienda, adeudos a proveedores, entre ya mencionadas.
En ese sentido, tomó la palabra el diputado Héctor Quiroz García, quien aludiendo declaraciones de un compañero que le antecedió en el micrófono indicó “aquí no está el suelo tan parejo” ya que a parte de observaciones similares a las de otros municipios, en San José de Gracia se incurrió en otras irregularidades, como la venta de 29 unidades del parque vehicular del citado ayuntamiento por un monto total de 116 mil pesos, siendo que una sola de las camionetas del año 2005 alcanzaba esa cotización.
El legislador del Partido del Trabajo remarcó: “No podemos dejar que se comprometan los bienes públicos, especialmente sin mediar valuaciones o licitaciones, no debemos dejar pasar esto y que la aprobación del dictamen quede en un mero trámite” Además, preguntó: “¿A quién se le vendieron estos autos?, ¿Será que lo que se quiere es ganar tiempo?, ¿Se iniciará un procedimiento?”
De igual forma, Quiroz García denunció que también se detectó el comodato y donación de terrenos municipales a una asociación civil integrada por familiares de los propios regidores. “Se pone en riesgo el patrimonio del municipio” añadió. Remató con el cuestionamiento de si el presidente municipal y tesoreros anteriores recibirán un castigo por los malos manejos.
Por cuestionamiento directo a integrantes de la Comisión de Vigilancia, pidió responder el legislador José de Jesús Ríos, quien enfatizó que el dictamen con la revisión de las cuentas de San José de Gracia, incluye 25 observaciones, que serán canalizadas al respectivo órgano de control de aquél municipio para que les dé el debido seguimiento, a lo que aseguró los diputados no serán omisos de ninguna manera. De hecho, le manifestó que la información más detallada está a su entera disposición.
En la votación respectiva, se contó con los votos en contra de los diputados Héctor Quiroz y Gilberto Carlos Ornelas, así como 22 sufragios a favor del dictamen.
En otros asuntos los diputados locales aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo presentado por el diputado Kendor Gregorio Macías Martínez; que exhorta al gobierno federal para que intervenga en la agilización de los trámites que se encuentran pendientes ante las dependencias competentes relativos a los trabajos de la Mina Frisco, ubicada en los municipios de Asientos y Tepezalá.
Pero además, a petición del diputado aliancista José Manuel González Mota, conformaron una comisión especial integrada por los presidentes de las comisiones de Desarrollo Económico, Gustavo Granados Corzo; la de Medio Ambiente, que encabeza Sergio Augusto López Ramírez; Desarrollo Agropecuario, que preside el legislador González Mota, y el propio diputado promovente, Kendor Macías Martínez, quienes acudirán a las dependencias del Gobierno Federal -Semarnat y Profepa- para conocer lo que realmente ocurre y ayudar en la agilización de los trámites.
