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Las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Servidores Públicos, analizan los alcances de los procedimientos sancionatorios de las cuentas públicas.
Con el propósito de abonar a la transparencia y al manejo responsable de los recursos públicos, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Servidores Públicos, revisan las facultades legales del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), en aras de clarificar y brindar certeza jurídica a las observaciones que se emiten de las cuentas públicas hacendarias.
En este sentido, el diputado Gregorio Zamarripa Delgado, presidente de la Comisión en primera mención, indicó que el análisis legislativo se centra en dos aspectos: uno, en los alcances legales de las indagaciones fiscalizadoras al ejercicio presupuestal de las administraciones públicas, y en la función que debe desempeñar el OSF en este tipo de asuntos.
Al respecto, el legislador Arturo González Estrada, presidente de la Comisión de Servidores Públicos, sostuvo que tras ser emitidos y aprobados los dictámenes que contienen las revisiones de las cuentas públicas, no se les da el seguimiento oportuno, y por consiguiente no hay aplicación de sanciones a funcionarios que presuntamente desviaron recursos.
El representante popular panista consideró que se debe dar certidumbre a la ciudadanía de que se obligará a los servidores públicos a resarcir los daños hechos a las arcas públicas municipales, sin caer en “persecuciones políticas o personales”; señaló tras pronunciarse por la transparencia y el combate a la corrupción.
Arturo González urgió a emprender las adecuaciones del marco normativo, pues según cifras del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 95 por ciento de los casos en los que se establecen sanciones por desvío de recursos, les dan “palo”.
Por su parte, el diputado aliancista e integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Marco Arturo Reyes Delgado, puntualizó que el Congreso del Estado aprueba sólo la revisión de la cuenta pública y las observaciones que en ésta implican, más no el manejo de los recursos que ejercieron los funcionarios.
En su intervención, Reyes Delgado consideró que el OSF debería cumplir una función más que sancionadora, preventiva, y orientadora de las administraciones, mediante esquemas de consultoría sobre la aplicación de los recursos, para así propiciar gobiernos más eficientes en materia de transparencia y rendición de cuentas.
A su vez, el legislador priista, Juan Manuel Gómez Morales, ratificó el compromiso del Grupo Parlamentario del PRI con la transparencia y la legalidad, al afirmar que tras la aprobación del dictamen referente a alguna cuenta pública, ahí no se muere el asunto, pues por ley el procedimiento debe continuar hasta las últimas consecuencias.
De igual manera, el también integrante de la Comisión de Servidores Públicos, consideró que dentro del análisis debe considerarse las autonomías de las Contralorías municipales y su esfera competencial.
En su oportunidad, el legislador Miguel Ángel Juárez Frías, secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, señaló que al interior de las Comisiones se busca el fortalecimiento de los esquemas de revisión del gasto presupuestal.
El representante popular priista ratificó el compromiso del GPPRI de combatir la impunidad y propiciar el manejo transparente de los recursos públicos, y que cada ente fiscalizador cumpla con su función, sin invasión de competencias.
Al hacer uso de la voz, en su calidad de invitado, el diputado del PAN, Alfredo Reyes Velázquez, coincidió que el Órgano Superior de Fiscalización debe cumplir una función preventiva y de asesoría para las administraciones públicas, pues mientras la Secretaría Federal de la Función Pública fue creada en esencia para tal fin, podría retomarse dicho modelo a nivel local.
Al respecto, el diputado Arturo González Estrada, señaló que las Contralorías municipales no son del todo autónomas, toda vez que existe una codependencia de nómina y con quién los nombró para ese puesto.
En su participación, el legislador Gregorio Zamarripa Delgado, puntualizó que al tratarse de una iniciativa de reforma constitucional, los cabildos tienen la facultad de avalar o no el proyecto, y por ello debe evitarse trastocar su autonomía.
El diputado priista se pronunció por la instauración de un Tribunal de Cuentas que esté por encima de cualquier ente gubernamental, y que sea ahí donde se diriman las observaciones y sanciones por desvío de recursos.
Zamarripa Delgado aprovechó su intervención para anunciar que los días 13 y 14 de diciembre se realizará un foro con la Comisión de Implementación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y Adversarial, y en el que contará con la participación de especialistas de Colombia.
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