El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Aguascalientes, Guadalupe Ortega Valdivia, dijo hoy que es imprescindible que todos los partidos políticos signen el acuerdo para construir un blindaje electoral que permita prevenir la infiltración de recursos de procedencia ilícita y la posible injerencia del crimen organizado en los procesos electorales que se avecinan.
Destacó en este sentido que no es casual que sea el PRI el primer partido político que da un paso en este sentido, “pues siempre hemos estado interesados en construir un verdadero blindaje electoral, pues es la convicción del PRI que es necesario contribuir a un proceso electoral libre de las amenazas del narco, por lo que a esta propuesta debe sumarse el Gobierno federal y se abstenga de procurar la alteración de la voluntad popular en los comicios.
Previo a su salida a la ciudad de México para asistir a la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del Partido, Ortega Valdivia dijo que al PRI le interesa contar con candidatos de probidad y que cuenten con financiamiento legal, y también se preocupa porque haya elecciones limpias y pacíficas en las que se respete la libertad y voluntad plena del votante, sin amenazas ni condicionamientos.
Recordó que si los demás partidos políticos desean demostrar que la coherencia es parte de su actuar entonces no deberá haber ningún problema para ellos si acceden a firmar este acuerdo, “pues así no sólo demostrarán su pleno interés por los ciudadanos, sino que también mostrarán que su desempeño está más allá de hablillas o politiquerías en Twitter o en Facebook. Se trata de un proceso federal que demanda y requiere de una férrea voluntad de hacer las cosas como se deben hacer y poniendo por delante el supremo interés de la nación”, dijo.
En el Acuerdo se establece la creación de la Comisión de Vigilancia del Financiamiento a las Campañas del PRI, con atribuciones como la capacitación a los coordinadores financieros de cada precandidato o candidato, la realización por cuenta propia de auditorías aleatorias a las precampañas y campañas en un 50% adicional a las que realice el IFE; y la presentación de instrumentos jurídicos al IFE y PGR/FEPADE para prevenir la infiltración de recursos de procedencia ilícita.
También señala que cuando existan pruebas fehacientes de que algún precandidato o candidato postulado por el PRI esté involucrado en actos relacionados con la delincuencia organizada o reciba recursos de procedencia ilícita, se le negará o cancelará su registro, será denunciado ante las autoridades competentes aportando las pruebas con que cuente el Partido a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes y se sustituirá al candidato.
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