El Ejecutivo Federal y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación (Sagarpa) deben explicar las causas del relevo del delegado de esa dependencia, Manuel Reed Segovia, en el Estado de Aguascalientes, y es que todo indica que causó molestia entre sus correligionarios, que trabajara y se coordinara institucionalmente con el gobernador del PRI, Carlos Lozano de la Torre.
Así lo explicó la senadora Norma Esparza Herrera, al presentar el punto de acuerdo en el que exhorta al gobierno federal, “para que haga pública la motivación respecto de la frecuente remoción de delegados de la Administración Pública Federal”.
Y es que de acuerdo con la legisladora, el delegado saliente de la Sagarpa, fue relevado del encargo, por su ‘presunto y reprochable’ trabajo coordinado e institucional, mismo que el propio Ejecutivo del estado ha reconocido ampliamente.
“Es evidente que para este servidor público federal, el hecho de trabajar con el Gobierno del Estado para sacar adelante los programas de apoyo al campo, ha traído la inconformidad y el desacuerdo de algunos de sus propios correligionarios”.
El delegado era responsable de la coordinación, concertación y operación de los diversos mecanismos institucionales, entre productores, gobiernos estatal y municipal, en lo relativo a programas y servicios de la Sagarpa.
La senadora por Aguascalientes recalcó que, “no es posible, que desde el centro de la República se releve a servidores públicos cuyo desempeño ha sido irreprochable, más allá de distingos partidarios. Es claro que primero debe estar el cumplimiento institucional de las responsabilidades públicas y después las filiaciones de partido”.
Ante estos hechos puntualizó que el ejercicio de los planes y programas federales no debe estar circunscrito a los tiempos electorales y los acuerdos partidarios por debajo de la mesa. No debe ser este julio próximo lo que defina la actuación de los delegados federales.
Norma Esparza Herrera concluyó que los delegados en cada ámbito de la Administración Pública Federal, deben cumplir con las responsabilidades que la Constitución y la legislación secundaria les mandata, y por su parte el gobierno federal debe hacer pública la motivación de los frecuentes relevos que realiza, para que no sean remociones arbitrarias y evitar suspicacias.
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