En un afán de contribuir y buscar que el proceso 2012 se lleva a cabo en total imparcialidad y equidad, además de una manera transparente y respetuosa, el líder del Movimiento Ciudadano en Aguascalientes, Oswaldo Rodríguez García dio a conocer que se promoverá un recurso ante el Instituto Federal Electoral para que se revise la candidatura de un funcionario público en funciones.
Señaló que el actual Diputado local por Nueva Alianza, Roberto Martínez Muñoz, no cumple con el principio de equidad para ser elegible, pues al no solicitar licencia ofusca la recta razón del Consejo Distrital que aprobó su candidatura.
Rodríguez García dijo que el actual Diputado local Roberto Martínez se basó en una interpretación pragmática de la Ley, en donde no le obliga a pedir licencia para poder contender por una Diputación Federal, sin embargo existe jurisprudencia que señala que al ser el titular de un poder (legislativo) es considerado servidor público con acceso a recursos públicos, por lo que violenta el principio de equidad durante el proceso electoral.
Recordó que la Constitución Política establece en su artículo 55 fracción V párrafo tercero que dice textual: NO SER TITULAR DE ALGUNO DE LOS ORGANISMOS A LOS QUE ESTA CONSTITUCION OTORGA AUTONOMIA, NI SER SECRETARIO O SUBSECRETARIO DE ESTADO, NI TITULAR DE ALGUNO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, A MENOS QUE SE SEPARE DEFINITIVAMENTE DE SUS FUNCIONES 90 DIAS ANTES DEL DIA DE LA ELECCION.
(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 19 DE JUNIO DE 2007).
Por lo tanto, Roberto Martínez Muñoz al ser titular del poder legislativo y no haber solicitado licencia en tiempo y forma, no puede ser elegible para Diputado Federal en este proceso electoral, así lo externó tajante el Coordinador Estatal del Movimiento Ciudadano.
Hizo un llamado a las autoridades electorales competentes para que revisen y resuelvan a la brevedad el recurso interpuesto, pues dicha acción anti ética transgrede flagrantemente los principios de imparcialidad que la Carta Magna consagra, pues al ser funcionario público titular de un poder tiene acceso a partidas económicas de gestión social y empleados del poder legislativo, además de privilegios que ponen en entredicho la legitimidad de su candidatura.
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