Hoy se fragua desde el Palacio mayor la instrucción al Congreso del Estado para que autorice sin medir las consecuencias el empréstito multimillonario que se pretende adquirir bajo el pretexto de alcanzar el malogrado progreso. Es necesario que las instancias involucradas en esta irresponsable acción comparezcan a fin de que proporcionen toda la información y documentación que se tenga con relación a los compromisos adquiridos por el Estado para la instalación de la segunda Planta Nissan, el costo que asumirán las arcas públicas para cumplir cada uno de dichos compromisos y todas las opciones que se tienen para solventarlos, así como los beneficios que tendrá el Estado con la instalación de dicha empresa y por ende con la inversión de los 1,700 millones de pesos que se señala se requieren en infraestructura, al igual que la justificación del porqué el empréstito es el único mecanismo para hacer frente a dichas obligaciones, así lo manifestó en rueda de prensa Armando López Campa, candidato a diputado federal por el Movimiento Progresista.
Dijo que antes de comprometer los recursos públicos, mas de mil millones, por 20 años, se debe conocer con exactitud la situación real de las finanzas públicas, sin maquillaje, sin evadir información de riesgos, privilegiando la transparencia en las licitaciones y dando a conocer la viabilidad o inviabilidad de los costos del nuevo proyecto de Nissan, así como el precio de compra por metro cuadrado para la instalación, su valor actual y las ganancias que obtendrán los constructores locales.
Además recordó que las calificadoras internacionales han publicado y advertido del riesgo que enfrentarían las finanzas de Aguascalientes al seguir con la mala práctica del endeudamiento como única opción de desarrollo económico. Stándar & Poor´s ha manifestado que sí la deuda es más del 60% o el servicio más del 8% de los ingresos discrecionales bajaría la calificación a niveles de insostenibilidad.
También mencionó que Fitch Ratings señala en su página de internet que el nivel de endeudamiento en Aguascalientes sigue siendo una limitante de la calificación para promover al Estado como un polo de desarrollo sostenido de la economía mexicana.
López Campa hizo un llamado a fin de que el Congreso de Aguascalientes tome en consideración para autorizar, modificar o negar la contratación de más deuda Estatal el riesgo y las consecuencias a corto plazo que conlleva el hecho de que las calificadoras reconsideren la perspectiva de estabilidad en que hoy tienen a nuestro estado y tengamos ante los inversionistas puntos negativos por la insostenibilidad de las finanzas y por lo comprometido en exceso que se encuentran los recursos federales, estatales y municipales.
Explicó que al caer la calificación de la deuda implicaría que se elevaran las tasas de interés en el total de los créditos vigentes actualmente, con el consecuente impacto en las finanzas estatales, ya que se elevaría el servicio de la deuda y se reducirían los recursos disponibles para otros fines, pues la deuda esta amortizada en los recursos federales, en el ahorro estatal, en el Impuesto Sobre la Nomina y en gran parte del presupuesto de ingresos. En sus últimas evaluaciones sobre las finanzas estatales de Aguascalientes, tanto Fitch Ratings como Standard & Poor´s analizan la deuda que el gobierno tiene contratada con la banca y advierten del riesgo de elevarla, por lo que resultaría absurdo, irresponsable y egoísta tener el endeudamiento como única opción.
Standard & Poor´s hizo pública su última evaluación en octubre del año pasado, y en ella expresa su expectación de que el Estado mantenga “una política de endeudamiento conservadora en los próximos dos años”. Tras considerar como “positivo para las finanzas del Estado” el que en agosto del 2011 se haya refinanciado la deuda por 2,153 millones de pesos, la calificadora considera que ello libera recursos por alrededor de 700 millones de pesos a la administración Estatal, y considera que en los años 2012 y 2013 pudieran mejorar “la flexibilidad financiera y la posición de liquidez”, siempre y cuando no se sigan comprometiendo los ingresos económicos del Estado, declaró el dirigente de la Coordinadora Ciudadana Nacional de este Instituto político.
Además mencionó que con el actual nivel de deuda del gobierno estatal, S&P calcula que para este 2012, el servicio de la deuda del estado será inferior al 3% de sus ingresos discrecionales y que el monto de la deuda equivaldrá a el 45% de esos mismos ingresos. Y advierte que un servicio de deuda, como pago de intereses y amortizaciones, esto por arriba del 8% y niveles de deuda por encima del 60% de los ingresos discrecionales (participaciones federales más ingresos propios), “impactarían negativamente la calificación”, lo que a la postre arrastraría a una crisis para las finanzas de Aguascalientes, además de la pérdida de credibilidad ante la banca para posteriores necesidades de empréstitos.
La deuda de Aguascalientes supera por encima el promedio de los estados calificados por las empresas internacionales, por lo que hemos perdido competitividad en el país, expresó López Campa.
Fitch Ratings, en su reporte de calificación con fecha del 26 de marzo pasado, establece que durante el mes de agosto de 2011, el Estado llevó a cabo un proceso de reestructura con Banorte por la totalidad de su deuda directa con ella por $2,153 millones de pesos. Si bien los favorables términos y condiciones bajo los cuales fue reestructurada la deuda hacen manejable su servicio, pago de intereses y capital, el nivel de endeudamiento sigue siendo una limitante de la calificación, ya que al cierre de 2011 su deuda representó 0.48 veces de los ingresos disponibles, indicador que compara desfavorablemente en el contexto del GEF (Grupo de Estados Calificados por Fitch).
La otra parte que se manejo con discrecionalidad y fraguó en lo oscurito fueron los términos para que dicha reestructuración se diera. La empresa contratada para hacer dicha operación no paso por ningún tipo de licitación, se estima, por los procesos que se han dado en otros Estados, que la comisión por tal negociación osciló entre el 10 y el 15 por ciento, con lo que se habrían derogado para un contratista fantasma alrededor de 300 millones de pesos. Dicha información está reservada en las páginas de transparencia de Finanzas, del Congreso y de la Contraloría local. Sin embargo una situación similar se llevo a cabo el Coahuila para reestructurar, pues requirió dicha maniobra para poder enfrentar la deuda de manera más asimilable después del famoso “moreirazo”.
Además del manejo ventajoso de la reestructuración, se refirió a la adquisición de los nuevos predios también se dio de manera turbia y corrupta, pues el constructor zacatecano José Aguirre Campos, amigo personal del Gobernador fue el único beneficiado, ya que las licitaciones fueron emitidas a modo y las reglas para participar salieron tarde y poco claras.
Dijo que la excusa que el Ejecutivo dio para que se diera de manera arbitraría este millonario y jugoso negocio fue que Nissan definió al constructor, manifestando que aunque las obras que se hagan con aportaciones de Gobierno las va a manejar Nissan, por lo que las licitaciones serán responsabilidad de la empresa nipona. A pesar de que 70 constructoras participaron y más de la mitad ofrecían mejores condiciones para llevar a cabo el proyecto en cuanto a calidad, tiempos y economía, el amigo del gobernador fue el ganador.
Esto quiere decir que los recursos públicos que ya se tiene y los que se pudieran aprobar del empréstito, serían manejados directamente por Nissan, sin que se dé un seguimiento transparente del destinó de dichos recursos y de las licitaciones pertinentes.
Otro dicho en el que sustentan la necesidad de una nueva deuda, declaró Armando López Campa, es la generación de empleos, sin embargo al calcular el nivel de endeudamiento y la inversión de recursos públicos, cada empleo directo costaría al Estado 708, 332 pesos. Además de que se comprometerían los ahorros, participaciones federales y aportaciones del ISN de al menos cuatro administraciones estatales.
Esto luego de que se menciona en el proyecto que la planta representaría la creación de 3,000 empleos directos y 9,000 empleos indirectos. Para ello se requieren recursos ya otorgados para crear la infraestructura: $1,700,000,000 de pesos. Deuda gubernamental necesaria para complementar dicha infraestructura: $1,055,462,760 de pesos. Costo por infraestructura de cada empleo directo: 566,666 pesos. Costo por infraestructura de cada empleo (directo e indirecto): 141,666 pesos. Total 708, 332 pesos por cada empleo.
Lo que resulta poco claro, dijo, será el costo real para Nissan por la generación de cada empleo. Se anunció de manera espectacular que la inversión de Nissan en Aguascalientes sería de 2,000 millones de dólares.
López Campa señaló a la prensa que de absorber Nissan de manera integra el compromiso del costo de cada empleo directo en su inversión, cada empleo le costaría 8 millones 953 mil pesos. Sin embargo la mayor parte de la inversión la absorberá el Estado con los impuestos locales y los recursos que serían destinados por la Federación para programas de PyMES. Con ello, la Secretaría de Economía Federal freno toda entrega de créditos y anunció que no hay fecha definida para reanudar el apoyo a las más de 20 mil empresas que hacían tramite para recibir algún estimulo y/o rescate económico para su sostenimiento.
También indicó que de autorizarse ese endeudamiento adicional, el total de la deuda estatal crecería en un 43.7% al pasar de los 2,414 millones de pesos al 31 de marzo de este año a 3,470 millones.
Además expuso que según la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo estatal, los 1,055 millones de pesos solicitados llevarían a Aguascalientes a formar parte del grupo de entidades más endeudadas del país por habitante, y excedería el máximo de deuda recomendada.
Asimismo de los más de mil millones de pesos, existe ya este año una deuda solicitada el 8 de mayo al Congreso de Aguascalientes, aunque fechada de recibida un día antes, del Ejecutivo local, en donde contempla en primer lugar la contratación de deuda con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) por 255 millones. Esta partida quedaría dentro del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados (PROFISE), lo cual representa que la entidad se obliga a cubrir durante los próximos 20 años el interés que genere ese crédito, aunque la deuda principal sería cubierta al cabo de ese plazo por el PROFISE.
En el caso de que algunas otras entidades no utilicen los recursos del PROFISE, la cantidad destinada a Aguascalientes pudiera incrementarse hasta llegar a los 350 millones. Sin embargo la solicitud del gobierno Estatal al Congreso de Aguascalientes incluye la petición de contratar adicionalmente deuda por 800 millones ya sea con BANOBRAS o con instituciones de la banca comercial. Todo este mismo año.
López Campa manifestó que en dicha solicitud se especifica de manera poco clara que se aplicaría la deuda contratada en la adquisición de tierra y acondicionamiento de la misma; en limpieza y nivelación de terrenos; licencias y/o permisos gubernamentales relacionados con la construcción y la vocación de la tierra; estudios de impacto ambiental; construcción de infraestructura eléctrica; cambio de subestación eléctrica; perforación de pozos de agua; derechos de extracción de agua; colectores de agua pluvial; instalaciones de gas natural; entrenamiento y capacitación de nuevo personal; viáticos para entrenamiento internacional de trabajadores; y, textual, cualquier otro concepto que sea necesario para que Nissan realice la inversión en el estado de Aguascalientes.
Reflexionó finalmente el candidato del Movimiento Progresista que el 70% de las empresas instaladas y registradas en Aguascalientes con micro, pequeñas y medianas empresas, sin embargo el apoyo a esas se ha detenido y más de 100 por año están en peligro de cerrar. Del 2009 al 2011 el cierre de PyMES se dio a un ritmo de 50 anual, pero con las condiciones actuales se duplicaría esa inercia negativa para la economía local, sin embargo no han sido contempladas para fortalecer la economía local y se ha privilegiado la industria automotriz, monopolizando así los programas de apoyo a empresas en Aguascalientes, empresas de las que dependen a la fecha más de 50 mil familias, esto según datos del INEGI en 2010.
