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A ver a qué horas se les ocurre a los señores diputados: Calderón.
Al presidente de México le urge para que los diputados aprueben la ley laboral que se encuentra en la Cámara de Diputados, congelada desde marzo del año pasado.
Ya casi cumplirá un año y aún continúa la espera de la “reforma patronal” de Felipe Calderón. Pero por qué tanta insistencia para que se apruebe.
Muy simple, al presidente le urge entregar cuentas a su patrón. Ya logró que los diputados del PAN y del PRI aprobaran la Ley a los energéticos, en donde los afectados fueron las clases más desprotegidas y en cambio logró beneficiar a los grandes corporativos estadounidense, los cuales se encargarán de expropiar nuestro petróleo y comercializarlo.
Ahora quiere terminar su obra dejando a millones de mexicanos a la deriva, al exigirles a los diputados que hasta cuándo van a aprobar su reforma laboral.
Haciendo un poco de historia, el año pasado, en “Semana Santa” días de guardar para millones de mexicanos católicos. Los diputados panistas presentaron la iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo.
Esta iniciativa estuvo a punto de firmarse, sino es porque Andrés Manuel López Obrador que se opuso y se presentó en el recinto legislativo para explicar a los diputados, cuáles eran los perjuicios que podían ocasionar a miles de millones de mexicanos si aprobaban dicha ley.
Entre los daños están la consolidación de un corporativismo patronal que beneficie a la clase corporativa y reduzca las garantías sociales en favor de los trabajadores.
Se eliminaría el derecho de los trabajadores de tener contrato colectivo de trabajo y a emplazar a huelga en el supuesto de que el patrón se negara a firmar el contrato colectivo solicitado. La propuesta del gobierno, a sugerencia de la COPARMEX, cancela este derecho al imponer requisitos, imposibles de cumplir en la práctica:
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Dar a conocer los nombres de los trabajadores inconformes.
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Exhibir las firmas de cada uno de los trabajadores.
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Que los trabajadores exhiban documentos que los acrediten como trabajadores de la empresa.
Se impedirá que los trabajadores puedan cambiar de sindicato, obligándose a aceptar el que les impone el patrón. Con esto el presidente busca enterrar de una vez y para siempre cualquier posibilidad de sindicalismo democrático en nuestro país.
Se amplía la inestabilidad en el empleo mediante nuevos contratos temporales: a prueba, por temporada y de capacitación; mediante éstos, los patrones podrán contratar a trabajadores por un periodo determinado de tiempo, pudiendo ser despedidos al término de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón.
La reforma excluye las propuestas del sindicalismo democrático, de los especialistas, académicos y de la sociedad civil:
- No contempla la propuesta de un nuevo sistema de justicia que sea imparcial y eficaz para resolver los problemas laborales;
- No fortalece la autonomía de los sindicatos frente al Estado y los patrones;
- Ignora las sugerencias de crear nuevas instituciones como el Registro Público de Sindicatos y Contratos Colectivos;
- No fortalece la contratación colectiva como vía de concertación para lograr mejores salarios y productividad;
- Es ajena a las múltiples experiencias internacionales que se han instrumentado para conciliar productividad con seguridad en el trabajo;
- Ignora el reclamo popular por una nueva política salarial.
La reforma de calderón simplemente obedece a los intereses de los empresarios y líderes sindicales que quieren seguir manteniendo el modelo de control, simulación y corrupción que sufren los trabajadores mexicanos.
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