- Es necesario reducir a los especuladores de pozos en zonas rurales que afectan el suministro de agua a las comunidades aledañas.
- Al no contar con las herramientas, el agua de nuestro territorio corre hacia otras entidades federativas.
Isidoro Armendáriz estableció que será necesario trabajar desde el Senado de la República muy de la mano con autoridades estatales y municipales para revisar los contenidos y las cláusulas del título de concesión de agua potable en el Estado para garantizar el suministro del líquido vital y su mejor aprovechamiento dada la acentuada problemática que atraviesa la población de Aguascalientes.
“La empresa concesionaria se comprometió a garantizar el servicio oportuno e invertir más y lamentablemente hay sectores que tienen escasez de agua, el tandeo no llega oportunamente y provoca problemas de salubridad, por consecuencia hay inconformidad en Aguascalientes.”
Dijo que será necesario acompasar el título de concesión con la ley nacional de aguas para las autorizaciones precarias, sean mejor aprovechados los mantos acuíferos y reducir a los especuladores de pozos en las zonas rurales, mismos que han estado creciendo en detrimento de productores del campo, quienes se han visto en la necesidad de abaratar sus derechos de los pozos dejando recurrentemente comunidades aledañas sin agua potable por ponerlos a disposición de fraccionadotes, lo cual será necesario regular cuanto antes.
“No puede un particular, vender un derecho de agua sin previa autorización de la Comisión Nacional del Agua, por que como dice el artículo 27 constitucional los bosques, el agua y la tierra son propiedad originaria de la nación y el Estado mexicano tiene la facultad de ceder a particulares su usufructo, pero por una razón estratégica y de seguridad nacional debe tener el dominio, la supervisión y la fiscalización de los mantos acuíferos para que se pueda garantizar el derecho al agua como un fundamental derecho humano, de sobrevivencia y de salubridad, por ello se luchará para que no se les corte el servicio para quienes no tienen para pagar y se promoverá que no se corte, en todo caso se dicten medidas de racionalidad del agua, de goteo si es necesario, pero no de suspensión.”
Lo anterior, estableció Armendáriz, tiene que ver con la ley federal, estatal, con el reglamento municipal y el título de concesión para que el municipio de Aguascalientes pueda aprovechar mejor las aguas tratadas que ya pagó la entidad municipal, por derechos de extracción a la CONAGUA, luego los usuarios la pagan al consumirla desde la red. Aunado a todo esto, se cobra también la descarga del drenaje y se pagan los gastos de tratamiento y de obra de infraestructura con los mismos impuestos de los ciudadanos, para que finalmente no se aprovechen del todo y se vayan río abajo hacia otras entidades federativas.
Finalmente reconoció que es necesario reordenar los órganos de fiscalización y regulación del agua de los mantos acuíferos como la que se trata por parte de los gobiernos municipales y que no es aprovechada racionalmente por falta de conocimiento, infraestructura e inversión estratégica, que en el caso de Aguascalientes, debe ser absorbida por la concesionaria.
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