- Con la creación del Programa Nacional Permanente Contra el Acoso Escolar se establecen acciones para disminuir el acoso escolar, conocido como Bullying.
Con el apoyo y a nombre de la bancada del PRI en la Cámara Alta, la senadora Aguascalentense Norma Esparza Herrera presentó ayer al Pleno del Senado la iniciativa de Reformas a la Ley General de Educación, mediante la cual se compromete a la Secretaría de Educación Pública a crear el Programa Nacional Permanente contra el Acoso Escolar.
Este programa, que será establecido como responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, será de aplicación obligatoria en los centros educativos de los diferentes órdenes de gobierno, en el ámbito de la educación básica y media superior.
El Programa Nacional Permanente Contra el Acoso Escolar deberá realizar un reporte Anual del Índice de Acoso Escolar por entidad federativa; diagnóstico estadístico sobre las causas, frecuencia y consecuencias, a fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, y sancionar, el acoso escolar, en su caso; establecer acciones Institucionales, en materia de prevención, denuncia y tratamiento del acoso escolar, para la atención gratuita de víctimas y agresores; contemplar mecanismos de remisión para la atención de los educandos a los servicios de atención médica, psicológica y jurídica, en su caso;
De igual manera se obliga a la creación de un Directorio de Instituciones de atención gratuita en el entorno de cada centro escolar el establecimiento de una estrategia publicitaria contra el acoso escolar para medios de comunicación nacionales y locales.
Se establecen de igual manera los lineamientos generales de capacitación para autoridades educativas y educadores; así como los lineamientos generales para la capacitación al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención y sanciones en su caso.
Para tales efectos, la Secretaría de Educación Pública podrá celebrar convenios de colaboración con diversas instancias del sector público y privado.
Las instituciones educativas están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia a través del índice de acoso escolar que en su caso se observe en cada institución anualmente, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles.
Explica la senadora Norma Esparza en el cuerpo de su iniciativa que la misma surge ante la urgencia de que los agentes que intervienen en el fenómeno del Bullying, deben ser identificados y atendidos de manera prioritaria como responsabilidad del sector educativo, dentro del cual la autoridad federal se encuentra obligada a fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte.
A nadie escapa, dijo, que la creciente violencia que se vive en el país en los centros escolares, el maltrato físico y psicológico, acompañado de conductas de intimidación se observa cotidianamente en las escuelas bajo la más absoluta indiferencia de algunos.
Las agresiones escolares conocidas bajo la denominación de Bullying, involucran efectos que van desde manifestaciones psicológicas, hasta hospitalización por fracturas, en el mejor de los casos, este abuso permanente y reiterado -por oposición a conflictos casuales-, agresivo, intencional y sin motivo aparente, genera entre los educandos, daños que pueden resultar irreversibles.
Las agresiones escolares, abundó la Senadora Norma Esparza, no son un problema menor, y por el contrario retratan la manifestación primaria de conductas inadecuadas que, en el marco del sano desarrollo, deben recibir atención inmediata, para quien las emite y desde luego para quien las recibe en el proceso de victimización, desde el marco del proceso educativo.
Por lo anterior, resulta imperativo, adecuar el marco jurídico a la realidad social, por cuanto hace a la regulación del fenómeno de agresiones escolares de incidencia cada vez mayor en el ámbito escolar, representativamente reflejado en los menores de nuestro país.
“Estoy convencida, que más allá de la criminalización de estas conductas, se requieren acciones de atención integral a todos los agentes que participan en la presentación del acoso escolar, en el ámbito educativo. Considero que esto es posible a través de la reforma que se plantea a la Ley General de Educación y no necesariamente a través de la expedición de un nuevo ordenamiento que sólo engrose la vasta lista de los mismos. Lo anterior, en razón de la competencia del proceso educativo que se regula en la ley que se propone reformar”.
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