- Se responsabilizaría ya no sólo al importador sino a quien venda las mercancías que pagaron menos impuestos de los debidos.
El senador panista Rubén Camarillo Ortega presentó una iniciativa para reformar la Ley Aduanera, a fin de que las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tengan facultades para rastrear, cuando tengan indicios, la comisión de un ilícito por la introducción de mercancías ilegales, desde su importación hasta el punto de venta final.
Con esta modificación, explicó el legislador federal, se desincentivarán las actuales prácticas ilegales de compra venta de bienes importados, ya que el SAT contará con la capacidad suficiente para ejercer sus facultades hasta el punto de responsabilizar solidariamente a los poseedores de mercancías introducidas de manera ilegal en el punto de venta.
Camarillo Ortega recordó que el contrabando ha sido una actividad delictiva que se ha practicado desde hace muchos años y cuya finalidad es evadir el pago de derechos, aranceles, impuestos o el cumplimiento de cualquier tipo de restricción que exista para una mercancía.
En este sentido, indicó que una de tales prácticas se realiza cuando las empresas formales conocen perfectamente el costo de las mercancías desde su origen y lo que se debe pagar de impuestos por la importación de las mismas –puesto que de ello depende su negocio– por lo que cualquier ofrecimiento de mercancías a precios muy reducidos despierta sospechas respecto de su legal importación.
“Es sabido que cuando se trata de mercancías de procedencia extranjera importadas de manera ilegal, el poseedor de las mismas en el punto de venta, el verdadero destinatario final, para eludir la acción de la justicia y anular las facultades de comprobación de la autoridad, exhibe simplemente una factura expedida como empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y de esta forma logra un contrabando técnico perfecto al amparo del dispositivo legal vigente”, detalló el legislador por Aguascalientes.
Esta actividad ilegal afecta directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales generados por su entrada o salida del territorio nacional, por lo que la responsabilidad solidaria no puede limitarse o llegar sólo hasta las personas que manejan, almacenan o custodian las mercancías de comercio exterior, sino que dicha responsabilidad debe llegar también al poseedor de las mismas en el punto de venta, pues es precisamente ahí donde se lucra por la introducción de la mercancía y donde actualmente la autoridad se encuentra impedida para ejercer sus facultades de comprobación, situación que es conocida por quienes se han aprovechado de esta limitación en la ley, precisó Camarillo Ortega.
Por ejemplo, añadió, actualmente si un importador deja de pagar los impuestos correspondientes, o los paga en una cantidad menor a la debida, tiene ventajas sobre quien sí los paga de manera legal y sobre los productores nacionales; estos “importadores” han invadido los espacios de venta formales valiéndose de empresas relacionadas, cuya única obligación legal es emitir una factura.
Entonces, si las autoridades competentes del SAT detectan mercancía en los espacios formales de venta al público e identifican que se importó de manera ilegal no la pueden embargar, puesto que el poseedor exhibe la factura de un contribuyente establecido que a menudo se trata de una empresa cómplice del importador.
Por lo tanto, se pretende modificar la Ley Aduanera con el fin de que el Servicio de Administración Tributaria cuente con la capacidad suficiente para ejercer sus facultades hasta el punto de responsabilizar solidariamente a los poseedores de estas mercancías en el punto de venta.
Con esta reforma se protegería aún más al sector comercial e industrial de nuestro país que tanto depende de las importaciones y exportaciones, además de dar certidumbre al rumbo de nuestra economía, señaló Camarillo Ortega.
Además, se fortalece el papel del gobierno federal como regulador y protector del comercio legal, así como el debido y seguro pago de los impuestos, cuotas compensatorias y demás contribuciones que se causen al momento de la entrada de mercancías al territorio nacional, manifestó.
En la medida en que se implementen los mecanismos legales suficientes que tiendan a asegurar la sana competencia en los mercados, en esa misma medida estaremos salvaguardando innumerables fuentes de empleo e impulsando el desarrollo económico que tanto requiere nuestro país, concluyó el Legislador.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictaminación.
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