- Es el TEPJF un tribunal de ciudadanos, asegura Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz, magistrado presidente al rendir su Informe de Labores.
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se declaró lista para garantizar la constitucionalidad y legalidad del proceso electoral 2012, en el cual, cuatro estados de su Circunscripción: Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, tendrán comicios el próximo 1 de julio, que se sumarán a los del Presidente de la República, senadores y diputados federales y al posterior inicio del proceso electoral para la renovación de ayuntamientos del Estado de Coahuila, garantizó Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz, magistrado presidente.
Al presentar el Informe Anual de Labores correspondiente al periodo de noviembre de 2010 a octubre de 2011, señaló que el año electoral será de mucha actividad para el Tribunal. “Son muchos los retos que tenemos por delante. No obstante, estamos convencidos de que también es mayor el compromiso y la capacidad de esta Sala para enfrentar los desafíos”.
En el mensaje que pronunció en Sesión Solemne, a la que asistieron José Alejandro Luna Ramos, presidente de la Sala Superior del TEPJF, y sus compañeras de la Sala Regional Monterrey, las magistradas Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Georgina Reyes Escalera; Becerra Rojasvértiz sentenció que la fuerza del Tribunal Electoral “surge de nuestra experiencia, de nuestra convicción y plena confianza”.
Manifestó que la Sala Regional está comprometida con el desempeño de una labor jurisdiccional eficaz y eficiente “que supone resolver todos sus asuntos de conformidad con la Constitución y las leyes, abonando con ello a la legitimidad del Tribunal ante la sociedad”.
Al acto asistieron también integrantes del Consejo de la Judicatura Federal; Magistrados de los Tribunales Electoral Locales de los ocho estados que componen la Segunda Circunscripción del país y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León; Vocales de las Juntas Locales del Instituto Federal Electoral de los ocho estados de la región; representantes de la Comisión Estatal Electoral de la entidad, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, de la Agencia del Ministerio Público del fuero común especializada en delitos contra servidores públicos y delitos electorales; el General de Brigada de la VII Zona Militar; representantes de los medios de comunicación e invitados especiales.
El magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz detalló el contenido de su informe de labores en el que se describen los tres grandes ejes centrales sobre los que ha girado la actuación de la Sala Regional: la función jurisdiccional, la función administrativa y de gobierno interno, y los proyectos institucionales.
Expresó que en la mayoría de los casos sujetos a la competencia de la Sala Regional Monterrey, son los ciudadanos quienes han acudido al Tribunal para pedir justicia a través del juicio para la protección de sus derechos, medio que ha tenido una tendencia creciente en su presentación a lo largo de los últimos años. “Lo anterior quiere decir que el Tribunal Electoral, es un tribunal de la ciudadanía”, apuntó.
Dijo que en el periodo que se reporta se recibieron 1,309 medios de impugnación; de ellos, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano fue el presentado con mayor frecuencia con mil 242 casos, que representan el 94.88% del total; seguido por el juicio de revisión constitucional electoral, con 49 casos; posteriormente, el Recurso de Reconsideración, con 5 demandas; y finalmente el Juicio para dirimir diferencias laborales entre el IFE y sus servidores, con 10 expedientes.
De las 1,242 demandas de juicios ciudadanos ingresadas, 908 fueron relativas a conflictos intrapartidarios, lo que representa 73.10%, casi tres cuartas partes del total. Otros temas motivo de impugnación a través de esa vía fueron 292 asuntos relacionados con la rectificación de inscripción en el listado nominal de electores; la negativa de expedición de credencial para votar con fotografía; y, los referentes a elecciones de ayuntamiento; a elecciones de diputados y al régimen electoral sancionador.
El presidente de la Sala, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz, ratificó el compromiso de los magistrados de velar por la legalidad y constitucionalidad electoral dentro de la segunda circunscripción del país, que comprende los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Subrayó que uno de los retos sustanciales que tiene el órgano jurisdiccional por delante, se relaciona con el compromiso constitucional en la protección de los derechos humanos de carácter político. Mencionó que la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal hace de los derechos humanos de vertiente internacional los ejes transversales en la actuación de todas las autoridades nacionales.
“Lo anterior implica conocer a fondo las normas internacionales sobre la materia. Supone, sobre todo, saber aplicar en nuestras sentencias los criterios elaborados por órganos jurisdiccionales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como es evidente, se trata de una gran responsabilidad ya que los jueces mexicanos nos hemos convertido, también, en jueces interamericanos”.
El magistrado anticipó que las sentencias de los magistrados electorales “consolidarán, ante todo el compromiso por maximizar los derechos humanos en esta vertiente. Tomaremos en cuenta en todo momento criterios interpretativos que otorguen siempre la protección más amplia a las personas”, puntualizó.
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